Caso Cornell reaviva el debate sobre agresiones sexuales y respuesta institucional en universidades de Estados Unidos

ITHACA, Nueva York.— Un caso de presunta violencia sexual ocurrido en 2024 dentro de una fraternidad de la Universidad de Cornell volvió a ocupar la atención nacional en Estados Unidos después de que una exestudiante presentara una demanda civil contra la institución, la fraternidad y siete estudiantes señalados.

La demandante, identificada únicamente como Jane Doe, sostiene que tenía 20 años cuando acudió a una fiesta en la casa de la fraternidad Chi Phi, el 19 de octubre de 2024. Según la demanda, había consumido alcohol y otras sustancias y posteriormente fue víctima de una agresión sexual perpetrada por varios hombres mientras se encontraba incapacitada para consentir. 

La investigación criminal había sido cerrada inicialmente en 2024. Sin embargo, el 28 de septiembre de 2026, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que el caso sería reexaminado y que, una vez concluida la revisión de las pruebas, podría ser presentado ante un gran jurado. 

Van Houten explicó que su decisión original estuvo relacionada con las declaraciones que la mujer proporcionó a las autoridades en 2024. El fiscal sostiene que aquella declaración no contenía algunos de los elementos que posteriormente aparecen en la demanda civil, particularmente las acusaciones de que había sido drogada contra su voluntad y de una agresión sexual grupal. La nueva revisión busca determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente. 

Un nuevo elemento apareció el 30 de septiembre: The Associated Press informó que una transcripción de la entrevista de 2024 muestra que la denunciante dijo a la policía universitaria que estaba “100%” segura de que había sido violada. El fiscal reconoció que esa transcripción no había sido revisada previamente por su oficina y que ahora forma parte de la nueva evaluación del expediente. 

Cornell, por su parte, sostiene que realizó una investigación bajo sus procedimientos internos y que se impusieron sanciones que incluyeron expulsiones y suspensiones. La universidad también confirmó que el capítulo de Chi Phi involucrado fue cerrado y permanece prohibido en el campus. Cornell niega que los responsables hayan recibido únicamente sanciones menores y afirma que las leyes de privacidad le impiden revelar los expedientes disciplinarios individuales. 

La institución también había creado en 2025 una Task Force on Campus Sexual Assault, cuyo informe publicado en marzo de 2026 identificó un problema más amplio de violencia sexual en el campus. En la encuesta de 2025 citada por Cornell, 35% de las estudiantes universitarias encuestadas reportaron haber experimentado contacto sexual no consentido durante su tiempo en la universidad, frente a 23% en 2023. Cornell advierte que la encuesta tuvo una tasa de respuesta relativamente baja, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela. 

El caso se convierte en fenómeno mediático

La demanda provocó una fuerte reacción en redes sociales y rápidamente convirtió el caso en un fenómeno nacional. La junta editorial del periódico estudiantil The Cornell Daily Sun publicó un editorial titulado “Cornell Won’t, We Will”, cuestionando la respuesta institucional. Su cobertura ayudó a colocar el caso en el centro de la conversación pública. 

La reacción también llegó a figuras públicas. La actriz Florence Pugh utilizó Instagram para expresar su rechazo a lo ocurrido y cuestionar la respuesta institucional. Sus publicaciones fueron inicialmente restringidas por Instagram y posteriormente restauradas bajo una excepción relacionada con contenido de interés periodístico.

La actriz Mariska Hargitay, conocida por su trabajo en Law & Order: SVU y fundadora de Joyful Heart Foundation, difundió mensajes de apoyo a la denunciante y cuestionó la manera en que Cornell informó sobre las medidas disciplinarias. 

También se pronunciaron Josh Gad y Hudson Williams, quienes criticaron públicamente la respuesta de la universidad y pidieron consecuencias para los hombres señalados. Jameela Jamil emitió declaraciones todavía más severas en redes sociales, aunque sus comentarios incluyeron propuestas de castigo físico que no forman parte de los procedimientos judiciales del caso.

En el ámbito político, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió una revisión independiente y transparente de la actuación de Cornell para determinar si la universidad cumplió con sus obligaciones de proteger a sus estudiantes y responder a las denuncias. 

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, durante un evento en Ithaca, también cuestionó públicamente la respuesta institucional y pidió cambios en la cultura universitaria relacionada con la violencia sexual. 

El alcalde de Ithaca, Robert Cantelmo, llegó a solicitar una pausa temporal en las actividades de organizaciones estudiantiles y fraternidades mientras Cornell revisa sus protocolos de prevención y respuesta.

Un debate que trasciende a Cornell

El caso también reabrió la discusión sobre las leyes de Nueva York relacionadas con agresiones sexuales cuando existe consumo voluntario de alcohol o drogas. Associated Press señala que defensores de las víctimas cuestionan una normativa que puede dificultar determinados procesos cuando la intoxicación fue voluntaria, incluso cuando una persona termina incapacitada para consentir.

Por ahora, no existe una sentencia penal contra los siete hombres señalados ni se han presentado cargos penales contra ellos. La investigación recién reabierta deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar ante un gran jurado. 

El caso permanece así en una etapa en la que las acusaciones de la demanda civil, la documentación policial, la investigación universitaria y la nueva revisión de la Fiscalía deberán contrastarse mediante procedimientos legales.

La controversia, entretanto, ya trascendió los límites de Cornell y se convirtió en un nuevo debate nacional sobre consentimiento, violencia sexual, responsabilidad institucional, transparencia universitaria y el papel de las redes sociales en casos de alto impacto.