Deja Ernesto Ruffo penal del Altiplano para cumplir prisión domiciliaria en Ensenada

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este 26 de septiembre, Ernesto Ruffo Appel salió del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde continuará su proceso penal bajo prisión domiciliaria.

Su abogado defensor, Arturo Germán Rangel, había estimado que el exgobernador llegaría hasta el lunes 28 de septiembre al inmueble autorizado, debido a los tiempos que implicaba el traslado a cargo de la Guardia Nacional.

Según reportes de medios presentes en inmediaciones del centro de reinserción federal, Ruffo Appel salió escoltado por dos unidades de la Guardia Nacional, rotuladas con los números 19368 y 302309. El exgobernador permaneció recluido ahí desde su detención el 16 de julio en Ensenada, tras la cual fue llevado a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana y posteriormente enviado al penal del Altiplano, donde permaneció hasta este 26 de septiembre.

Fue vinculado a proceso el 23 de julio por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en el marco de la investigación por huachicol fiscal ferroviario que encabeza la FGR. La medida cautelar de prisión en el Altiplano se mantuvo hasta el pasado 25 de septiembre, cuando la jueza Alejandra Ramírez de la Vega autorizó el cambio de sede de reclusión. Hasta el momento se desconoce la ruta que seguirá el operativo.

La Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, fijó previamente las condiciones bajo las cuales Ruffo Appel cumplirá la prisión preventiva oficiosa en su domicilio. Elementos de la Guardia Nacional tendrán a su cargo la vigilancia permanente del inmueble durante todo el tiempo que dure la medida.

Como parte de la resolución, a Ruffo Appel se le retiraron el pasaporte y la visa, condición para autorizar el cambio de sede de reclusión. La juzgadora estableció además que el exgobernador no puede acercarse a los testigos ni a las personas relacionadas con la investigación abierta en su contra.

La prohibición de salir del país, según explicó la defensa, fue una propuesta planteada por el propio equipo legal y no una restricción impuesta por la Fiscalía General de la República. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega mantuvo el estatus de la medida cautelar y únicamente modificó el lugar donde se ejecuta, por lo que continúa vinculado a proceso.

El abogado Arturo Germán Rangel sustentó la solicitud de prisión domiciliaria con dictámenes médicos y forenses que documentaron el deterioro físico de su representado durante los más dos meses de reclusión. El defensor precisó a la salida de la audiencia del pasado 25 de septiembre que Ruffo Appel bajó cerca de seis kilos por las condiciones de alimentación y descanso dentro del penal.

“Estamos contentos porque venía él en una situación de venir bajando de peso. Se venía deteriorando su salud”, declaró Rangel a los reporteros. El abogado añadió testimoniales de familiares y vecinos para reforzar la petición.

Rangel también presentó documentos que acreditan el arraigo de su representado en Ensenada, ciudad donde fue detenido y donde gobernó como presidente municipal entre 1986 y 1989. El domicilio donde cumplirá la medida tiene más de 14 años de habitarlo y forma parte de una herencia familiar, elementos con los que la defensa descartó cualquier riesgo de sustracción.

“No es propiamente un triunfo, sino que la ley establece ciertos requisitos”, afirmó el defensor tras el cambio de medida.

La fiscal general Ernestina Godoy reveló en conferencia de prensa el 16 de julio, el mismo día de la detención del exgobernador, los detalles de la red de contrabando de combustible que presuntamente encabezaba Ruffo Appel. Al exgobernador se le imputan los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Según la investigación, la red cruzaba el combustible por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, declarando apenas una fracción del producto que en realidad se transportaba en cada ferrotanque. La FGR documentó miles de operaciones irregulares en un periodo de meses y calculó un daño a la hacienda pública superior a 4 mil millones de pesos.

El abogado de Ruffo Appel precisó el pasado 25 de septiembre que su representado posee entre 39% y 40% del capital de la empresa señalada en la investigación, identificada como Ingemar, pero no es tomador de decisiones ni tiene oficina dentro de la compañía.