Convocan a defender el Cearte ante “despojo”

ENSENADA.- Tras la asignación de 4 mil 588.616 metros cuadrados al Poder Judicial para construir juzgados civiles y familiares en el predio de CEARTE, la comunidad artística está convocando a manifestarse contra “la mutilación” del centro.

La comunidad artística y cultural de Ensenada está convocando a una manifestación este miércoles 23 de septiembre a las 17:30 horas en la explanada del Centro Estatal de las Artes.

“Actores, pintores, escultores, escritores, músicos, bailarines y ensenadenses que practican diversas disciplinas, nos uniremos en una sola voz para exigir a la Gobernadora Marina del Pilar, a la Oficialía Mayor, al Poder Judicial y a los diputados estatales de Baja California, que echen reversa y respeten íntegro el terreno que hasta se suponía era para el desarrollo y crecimiento del CEART Ensenada”, dijo José Mario Elizondo Rangel, representante de la Asociación de Artistas Teatrales y Cinematográficos de Ensenada en un escrito.

El pasado viernes 18 de septiembre se publicó en el periódico oficial del estado el acuerdo de asignación a favor del Poder Judicial de Baja California para la operación y funcionamiento de los Juzgados del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

De los 22 mil 623.151 metros cuadrados asignados inicialmente al CEARTE, se le redujo la superficie a 18 mil 034.535 metros cuadrados del lote único Fracc. A-1, manzana 8, del fraccionamiento Bahía Ensenada, con clave catastral BI-008-001.

El pasado viernes se publicaron en el periódico oficial de Baja California dos acuerdos de asignación y uno de revocación mediante los cuales se entrega al PBJC el lote único Fracc. A-1, manzana 8, del fraccionamiento Bahía Ensenada, con clave catastral BI-008-001.

Así, el Poder Judicial ahora cuenta con 4 mil 588.616 metros cuadrados respecto al inmueble en la zona de Las Dunas y Las Rocas, frente a urgencias del Issstecali.

A partir de la publicación, el PJBC cuenta con dos años para cristalizar el proyecto de juzgados y si dentro de tal término el inmueble no fuese destinado para los fines señalados o se le diera un uso distinto al descrito sin la previa autorización por escrito de la Oficialía Mayor de Gobierno, será causal suficiente para que se revoque.