Amenaza empleo, inversión y desarrollo rural en México, importación de pechuga de pollo de Brasil: UNA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las crecientes importaciones de pechuga de pollo deshuesada de Brasil, país con el que México no tiene un tratado de libre comercio, están dejando de ser únicamente un problema de competencia para convertirse en un riesgo para el empleo, la inversión y el desarrollo de las regiones rurales donde se concentra buena parte de la actividad avícola, advirtió Lorenzo Martín Martín, presidente del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Avicultores (UNA).
"Cuando un productor deja de crecer, no se frena solamente una granja: se frenan empleos, compras a proveedores, transporte, servicios, inversión y oportunidades para las familias que viven en esas comunidades. El costo de una política comercial desequilibrada termina sintiéndose con mayor fuerza en el campo mexicano", afirmó Martín Martín.
La UNA señaló que la avicultura mexicana de pollo genera más de 886 mil empleos directos e indirectos y tiene una presencia relevante en zonas rurales. Por ello, una presión prolongada sobre los márgenes de los productores, especialmente pequeños y medianos, no solamente compromete su permanencia, también su capacidad para ampliar instalaciones, contratar personal, modernizar procesos y detonar nueva actividad económica en sus regiones.
El efecto de la apertura comercial se observa en las cifras oficiales de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). En 2022, las importaciones de pechuga de pollo deshuesada provenientes de Brasil fueron de alrededor de 90 mil toneladas y para 2025 rebasaron las 196 mil toneladas. Es decir, en sólo tres años el volumen proveniente de ese país se incrementó en 118%.
De acuerdo con estimaciones de la industria, entre agosto de 2025 y el 12 de agosto de 2026 el sector productor de pollo acumuló pérdidas por más de 27 mil millones de pesos. Para la UNA, esta situación reduce la capacidad de reinversión y aumenta la incertidumbre sobre proyectos que implicarían mayor producción y nuevos empleos.
En ese sentido, datos de la UNA sostienen que, por cada mil toneladas de pechuga deshuesada importada, se dejan de producir 4 millones de pollos y se dejan de generar 280 empleos, lo que significa que desde 2022, las importaciones brasileñas del alimento mencionado impidieron la generación de más de 40,700 empleos en México.
"Cada proyecto que se pospone por falta de certidumbre representa empleos que no se crean y oportunidades que no llegan a las comunidades rurales. México no puede aspirar a fortalecer su seguridad alimentaria mientras debilita las condiciones para que sus propios productores inviertan y crezcan”, aseveró el dirigente.
Además, es importante considerar que, el 12 de mayo pasado, la Unión Europea excluyó a Brasil de la lista de países autorizados para exportar carne de ave al mercado comunitario, por no acreditar el cumplimiento de los requisitos para el uso de antimicrobianos en animales para la producción de alimentos.
La regulación entrará en vigor el próximo 3 de septiembre y se mantendrá hasta que Brasil acredite cumplir con ella. Este inminente escenario representa una preocupación adicional para nuestro sector, dado que es factible asumir que parte del volumen de carne de pollo que Brasil no podrá exportar a ese mercado será enviado a México.
El presidente de los avicultores mexicanos señaló que debe darse por terminada de inmediato la apertura comercial que desde 2022, concede una exención arancelaria para importar pechuga de pollo deshuesada de Brasil y sustituirse por un cupo de importación. Enfatizó que el objetivo de esas importaciones fue ofrecer precios bajos a los consumidores, y pese al indiscriminado volumen de éstas, dicho objetivo no se logró.
Los únicos beneficiarios de esta apertura comercial han sido los importadores y comercializadores, mientras que el consumidor pagó precios altos y el productor mexicano absorbió el costo del ajuste, como lo demuestran los precios de importación y de venta al consumidor, según cifras oficiales de la ANAM y de la PROFECO.
La UNA enfatizó que no pide cerrar el mercado mexicano. Las importaciones pueden y deben complementar la producción nacional cuando las condiciones de abasto lo requieran. Lo que resulta insostenible es que una medida extraordinaria permita una competencia estructuralmente desequilibrada y termine desplazando producción, inversión y empleos en México.
La industria avícola mexicana compite todos los días con los socios comerciales de México bajo reglas de intercambio y reciprocidad. El problema surge cuando se conceden condiciones extraordinarias de acceso a países con los que México no tiene tratado de libre comercio, profundizando las asimetrías productivas que ya enfrentan los productores nacionales.
Brasil goza de ventajas relevantes en disponibilidad de tierra, agua, granos, oleaginosas y otros insumos esenciales, mientras que una parte importante de los insumos que utiliza la avicultura mexicana debe importarse y pagarse en dólares.
Estas diferencias reducen el margen para invertir, crecer y generar nuevas oportunidades justamente en las regiones donde la actividad avícola es fuente de arraigo al campo, empleo formal y desarrollo económico.
La petición de la UNA no es nueva ni responde a una coyuntura reciente. Durante más de diez meses, el sector ha expuesto de manera formal y técnica esta problemática a diversas autoridades. Ante ello, solicitamos respetuosamente la intervención de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheibaum Pardo, para eliminar la exención arancelaria aplicable a las importaciones de pechuga de pollo deshuesada originarias de Brasil, y sustituirla por un cupo de importación, con reglas transparentes, que permitan complementar el mercado y, al mismo tiempo, propiciar condiciones de competencia más equilibradas para los productores nacionales.
La incertidumbre no sólo afecta las operaciones actuales; también pone en riesgo planes y compromisos de inversión que deberían traducirse en nuevas instalaciones, mayor producción, empleos formales y oportunidades económicas para las comunidades rurales. Para el periodo 2026-2030, el sector ha anunciado inversiones por más de 3,500 millones de dólares en infraestructura, innovación, producción y comercialización, con potencial para generar más de 18 mil empleos directos.
Todo esto con el ánimo de contribuir a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y en el Plan México, que buscan incentivar la inversión, producir los alimentos que el país consume para una mayor seguridad alimentaria y reducir la dependencia de las importaciones.
Materializar estos proyectos requiere certidumbre: una política que presione de forma permanente a los productores, puede frenar el desarrollo que México necesita para producir más alimentos, crear empleos y desarrollar sus regiones rurales.
"No pedimos cerrar las fronteras, pedimos reglas equilibradas. México puede y debe comerciar con el mundo, pero abrir el mercado no puede significar cerrar oportunidades para quienes producen, invierten y generan empleo en nuestro propio país. Las importaciones deben complementar a la producción nacional, no desplazarla ni mucho menos sustituirla", concluyó Lorenzo Martín Martín.