Ensenada
Denuncian intimidación por defender parque de La Moderna
Vecinos y defensores del parque de la colonia Moderna acusaron intimidaciones y acoso judicial al ser citados a audiencia por los delitos de despojo, daños en propiedad ajena, robo y resistencia a la autoridad
Enfrentan acusaciones del MP por despojo, daños en propiedad ajena, robo y resistencia a la autoridad.
ENSENADA.- Vecinos y defensores del parque de la colonia Moderna acusaron intimidaciones y acoso judicial al ser citados a audiencia por los delitos de despojo, daños en propiedad ajena, robo y resistencia a la autoridad.
Minutos antes de ingresar a audiencia, Dina Montoya, vecina de la Moderna, dijo que quienes han participado en la defensa han sido perseguidos e intimidados, además de ver vulnerados sus derechos.
Lo que pedimos, expresó, es respetar lo plasmado en el plano donde dice que los tres predios son donación al gobierno del estado, en las memorias descriptivas y los colindantes también figuran como parques.
Está mal que nos imputen delitos que no son, pero hemos ganado unidad y demostrar que se puede luchar y recuperar espacios públicos, dijo.
Su representante legal, Ramón Campos Bueno, consideró que no se da el delito de despojo porque los parques son públicos, además de que no se puede comprobar que los vecinos intentaron apoderarse del bien y realizar actos para obtener un beneficio económico.
Estimó necesario que el gobierno estatal entre al tema y reclame su derecho porque los parques le pertenecen.
La empresa llevó a cabo unos juicios. Hace falta que el gobierno del estado entre porque los parques le pertenecen, que reclame su derecho.
Por su parte, otro de los imputados, el licenciado y activista Carlos Sánchez, comentó que él figura como imputado tras haber presentado dos demandas de amparo y logrado suspensión definitiva para parar las máquinas con las que se pretendía derribar árboles.
El origen de todo esto es que el plano, aprobado y publicado en 1958, inscrito todo en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, se vuelve parte del dominio público del gobierno estatal, y por su destino es un bien de dominio público inalienable, imprescriptible, inembargable.
“Cualquier trato que se haya hecho posteriormente a esa publicación y a esa inscripción al Registro Público, está afectada de nulidad absoluta”, recalcó.
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