Proponen que se prohíba colocar lonas en inmuebles por adeudos fiscales

MEXICALI.- El Diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros levantó la voz en nombre del ciudadano en la tribuna del Congreso, para referirse a su iniciativa que tiene como objeto prohibir y sancionar expresamente la colocación de lonas o carteles en inmuebles particulares, que exhiba públicamente adeudos fiscales o procedimiento de embargo.

Dicha iniciativa pretende hacer respetar los derechos humanos y evitar el escarnio público con cualquier otro elemento visual, garantizando el respeto a la dignidad humana, la privacidad, el secreto fiscal y el debido proceso de las personas contribuyentes.

Su reforma el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California busca también asegurar que las facultades de recaudación municipal se ejerzan exclusivamente, mediante los procedimientos previstos en la Ley.

Destacó que, el ciudadano no es un simple objeto de recaudación y que el hogar de una familia no debe convertirse en instrumento de humillación social por razones tributarias.

“El Congreso del Estado tiene hoy la oportunidad de afirmar que Baja California recauda con la ley en la mano, no con la estigmatización como herramienta”, añadió el diputado del Partido Revolucionario Institucional.

Ante las diputaciones integrantes de la XXV Legislatura, en resiente sesión ordinaria, expresó que detrás de un rezago en el pago del impuesto predial, raramente existe un acto deliberado de rebeldía fiscal.

La realidad socioeconómica del Estado, marcada por la inflación, la pérdida de empleos en ciclos económicos adversos, los costos de la atención médica y la vulnerabilidad particular de adultos mayores con ingresos fijos, indica que el incumplimiento tributario responde en la mayoría de los casos, a causas estructurales de carácter económico, no a una voluntad de evasión.

“Y peor el caso, muchas veces, funcionarios desleales, mediante esta acción, inician los procedimientos del “Cartel Inmobiliario” donde se ha detectado a funcionarios, jueces y abogados que detectan predios en abandono, donde después de esta operación, inician procesos de dudosa legalidad para prescribirlos”