SCJN abre paso a una educación mas inclusiva para alumnos neurodivergentes

TIJUANA.- El Consejo por la Seguridad y el Bienestar Social de Tijuana A.C. reconoce la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la cual se avala el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que prohíbe a escuelas públicas y privadas la reprobación automática de estudiantes de educación básica, así como la eliminación del requisito obligatorio de asistencia mínima para acreditar el grado escolar en nivel primaria, señalando que dicha determinación impacta de manera positiva a las niñas y niños estudiantes neurodivergentes de nuestro país.
El fundador del Consejo por la Seguridad y el Bienestar Social de Tijuana A.C., Ismael Estrada Maldonado, expresó que esta resolución representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos humanos y educativos de estudiantes que viven con condiciones como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), autismo, dislexia, ansiedad severa y otros tipos de neurodivergencia que históricamente han enfrentado barreras dentro del sistema educativo tradicional.
El activista social mencionó que durante muchos años miles de niñas y niños fueron injustamente etiquetados como “malos estudiantes” debido a modelos rígidos de evaluación que priorizaban la asistencia y la memorización por encima de los procesos individuales de aprendizaje.
“La educación no puede seguir castigando a quienes aprenden distinto. Hoy se abre una oportunidad importante para construir escuelas más humanas, más empáticas y verdaderamente inclusivas”, señaló Estrada Maldonado.
Sin embargo, Ismael Estrada puntualizó que esta decisión también debe encender alertas importantes para las autoridades educativas, ya que avanzar de grado escolar sin acompañamiento académico, psicológico y especializado podría generar rezagos acumulativos que terminen afectando precisamente a la niñez que se pretende proteger mediante esta reforma educativa.
Precisó que la inclusión educativa no debe confundirse con la ausencia de evaluación o de exigencia académica, sino con la obligación institucional de adaptar los procesos de enseñanza a las diferentes realidades y capacidades de cada estudiante.
“La verdadera inclusión ocurre cuando el Estado garantiza herramientas, personal capacitado, atención emocional y condiciones dignas para el aprendizaje y en este sentido nos preocupa la insuficiencia de infraestructura especializada, capacitación docente, falta de maestros sombra y atención psicopedagógica en gran parte del sistema educativo nacional”, enfatizó.