Necesario respaldar iniciativas para castigar muertes por manejo en estado de ebriedad

ENSENADA.- Marcos Carlón, integrante del Colegio de Abogados de Ensenada, externó su respaldo a las iniciativas presentadas en el Congreso del Estado de Baja California que buscan modificar la tipificación penal de las muertes causadas por conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, y exhortó a las y los legisladores a impulsarlas sin dilación.
Carlón señaló que las propuestas legislativas que actualmente se analizan en comisiones representan una oportunidad para actualizar el marco penal y reconocer que, cuando una persona decide conducir bajo sustancias, existe conocimiento previo del riesgo y una conducta que no puede seguir tratándose de forma automática como culposa.
Indicó que su posicionamiento es de apoyo directo a los planteamientos ya presentados, los cuales contemplan incorporar criterios como el dolo eventual en casos de homicidio y lesiones derivados de hechos viales con consumo de alcohol o drogas, así como ajustar las consecuencias procesales para estos delitos.
El abogado sostuvo que el Congreso cuenta con elementos suficientes para avanzar, al existir antecedentes documentados, testimonios de familias de víctimas y datos oficiales que muestran la recurrencia de este tipo de hechos en la entidad y en el país. En ese sentido, llamó a que las iniciativas no queden en discusión prolongada y se traduzcan en dictámenes.
Para dimensionar el problema, Carlón citó cifras de referencia nacional: de acuerdo con datos de INEGI retomados en documentos legislativos, en 2022 se registraron 15,986 defunciones por accidentes viales en México, de las cuales 5,794 correspondieron a peatones, uno de los grupos más vulnerables en hechos de tránsito.
Añadió que, en registros posteriores, en 2023 se contabilizaron 4,803 personas fallecidas por accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, lo que incluye peatones, conductores y pasajeros, cifras que, dijo, deben ser consideradas en la discusión penal local.
Carlón vinculó estas cifras con experiencias internacionales que han servido de base para endurecer sanciones. Señaló que, en otros países, la evidencia estadística ha permitido justificar penas más severas cuando se acredita conducción bajo influencia, al tratarse de conductas con riesgo conocido y consecuencias letales.
En el ámbito local, el abogado reiteró que las iniciativas presentadas en el Congreso de Baja California plantean sanciones equiparables al homicidio doloso cuando se acrediten estos supuestos, con rangos de pena claramente definidos, por lo que insistió en que el debate debe centrarse en su viabilidad jurídica y no en postergar su análisis.
Finalmente, Marcos Carlón exhortó a diputadas y diputados a respaldar las iniciativas existentes, a abrir el proceso a una revisión pública con especialistas y víctimas, y a llevar el tema a votación, al considerar que la legislación penal debe responder al impacto real de las muertes viales asociadas al consumo de alcohol y drogas.