Preocupa a la Barra de Abogadas Lic. María Sandval de Zarco, la reducción de personal en el Poder Judicial de la Federación

TIJUANA.- La Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco A.C., mostró su preocupación, por los recientes anuncios sobre el inicio del despido de aproximadamente 2 mil 300 personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF), cifra que, de acuerdo con información pública, podría formar parte de un proceso más amplio que alcanzaría hasta 23 mil plazas en distintas fases, lo que representaría cerca del 10% de su plantilla.

Estefanía Campos García, la Presidenta de esta Barra, señaló que esta reducción ocurre en un contexto de profunda transformación estructural derivada de la reforma judicial recientemente implementada, cuyos efectos aún se encuentran en proceso de consolidación, por lo que esta disminución de personal técnico, administrativo y jurisdiccional impactará directamente en los tiempos de resolución de asuntos, el seguimiento de juicios en trámite, la carga laboral de juzgadoras y juzgadores, así como en la eficiencia operativa de los órganos jurisdiccionales.

“La impartición de justicia no depende únicamente de quienes dictan sentencias, sino de equipos técnicos especializados, como proyectistas, actuarios, secretarías y personal de apoyo, cuya experiencia constituye la memoria institucional del sistema. La reducción acelerada de esta estructura compromete la continuidad operativa y puede traducirse en mayor rezago judicial, dilación de procedimientos y afectación directa al derecho humano de acceso a una justicia pronta y expedita, reconocido en el artículo 17 constitucional”.

Estos despidos se suman a un escenario ya complejo tras la reforma judicial, que modificó de manera sustancial el sistema de designación de personas juzgadoras y la estructura del Poder Judicial. La transición institucional exige estabilidad, planeación y fortalecimiento técnico, no un debilitamiento estructural.

“Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades competentes para transparentar el alcance real de los recortes, garantizar el respeto a los derechos laborales del personal afectado, evaluar el impacto presupuestal y operativo antes de nuevas reducciones y priorizar el fortalecimiento institucional, toda vez que la estabilidad del Poder Judicial no es un asunto interno: es una garantía para toda la ciudadanía”, finalizó.