Agua y fiscalización, reto empresarial durante el 2026: Jaime Burciaga Miker

ENSENADA.- Concesiones vencidas, ajustes fiscales y mayor supervisión federal colocan a las empresas ante un escenario de revisión integral, ante lo cual la firma de contadores públicos y servicios legales BHR México propone anticiparse con asesoría de cumplimiento y estrategias preventivas.
El Maestro en Impuestos Jaime Buerciaga Miker, indicó que miles de concesiones presentan rezagos administrativos y diferencias entre volumen autorizado y uso real, lo que abre la puerta a observaciones fiscales y operativas que pudieran representar un riesgo para las empresas, particularmente las agrícolas y concesionarias de agua.
El 2026 perfila uno de los entornos regulatorios más exigentes de los últimos años para el sector productivo, marcado por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, nuevas estrategias de fiscalización y un modelo de supervisión que cruza información en tiempo real entre dependencias federales, advirtió.
En la conferencia “Riesgos de la Reforma a la Ley de Aguas y Certidumbre Fiscal”, coorganizada con el Consejo Agrícola de Baja California, los expertos de BHR Los Mochis y Guadalajara: Lic. German Gómez Carothers, Maestro José de Jesús Ramos Ortiz y Dr. Marco Antonio Hermosillo López, enfatizaron que el país entra en una etapa de hiperregulación, en la que el cumplimiento documental, fiscal y operativo se convierte en un factor determinante para la continuidad de los negocios
Explicaron que la reforma publicada en diciembre de 2025 transforma la operación de las concesiones de agua al introducir restricciones a la transmisión entre particulares, cambios en los criterios de prórroga, mayores facultades de inspección para la autoridad e incremento relevante en sanciones que pueden derivar en clausuras, incluso pérdida de concesiones.
A este nuevo marco se suma la creación del Registro Público Nacional del Agua, en sustitución del REPDA, así como la posibilidad de reducción o cancelación de volúmenes concesionados bajo el argumento de seguridad hídrica, elementos que reducen la certidumbre jurídica para usuarios del recurso, precisaron los expertos.
Durante el encuentro se señaló que las concesiones dejaron de ser únicamente permisos administrativos, hoy representan activos intangibles que influyen directamente en el valor financiero de las empresas, al formar parte de su viabilidad operativa, su capacidad productiva y su posición frente a créditos, inversiones o procesos de compraventa.
En este contexto, BHR México, expuso que muchas organizaciones continúan operando sin una revisión integral de sus títulos, volúmenes, usos autorizados y registros contables, lo que incrementa el riesgo ante un esquema de fiscalización que ya no depende exclusivamente de auditorías presenciales.
Actualmente, el SAT, explicaron, cruza información de CFDI, cuentas bancarias, declaraciones, IMSS e Infonavit para detectar inconsistencias de manera automática, activando exhortos, vigilancias profundas y revisiones electrónicas con plazos cortos y consecuencias económicas inmediatas.
Incluso, se advirtió sobre las “auditorías express”, procedimientos que pueden suspender la emisión de facturas y concluir en menos de un mes hábil, obligando a las empresas a demostrar la materialidad de sus operaciones en cuestión de días.
A la par, el combate al lavado de dinero, la reforma al amparo y el fortalecimiento de figuras como el beneficiario controlador reducen los márgenes de defensa reactiva y obligan a las compañías a reforzar sus controles internos.
Frente a este escenario, BHR México presentó su modelo de Compliance
Estratégico, que propone la creación de un Departamento de Cumplimiento, encargado de centralizar concesiones, contratos, mediciones, pagos, estructura corporativa y políticas fiscales, con el objetivo de prevenir contingencias antes de que se conviertan en procedimientos formales.
Este enfoque incluye diagnósticos técnicos personalizados, programas de
regularización, revisión contractual, auditorías internas, valuación especializada de concesiones como intangibles y alineación contable bajo Normas de Información Financiera, permitiendo a las empresas conocer su situación real desde la óptica de las autoridades.
Además, se informó que el decreto federal que otorga facilidades administrativas para regularizar concesiones vencidas entre octubre de 2017 y marzo de 2025, con una ventana de seis meses para presentar solicitudes ante Conagua, plazo que concluye en abril de 2026, lo que abre una oportunidad limitada para quienes mantienen rezagos administrativos.
EL AGUA YA ES RESPONSABILIDAD FISCAL
Al respecto, Jaime Burciaga Miker, representante de BHR México en Ensenada, explicó que el agua ya forma parte directa de la responsabilidad fiscal de las empresas y que operar sin expedientes completos representa un riesgo creciente.
Indicó que el acompañamiento de BHR México busca brindar certidumbre
mediante la identificación temprana de inconsistencias, integración de
documentación soporte e implementación de procesos permanentes que permitan enfrentar cualquier revisión con información ordenada.
El objetivo es que los empresarios se concentren en su operación y crecimiento, mientras cuentan con una estructura interna que atienda cumplimiento, trazabilidad y prevención de riesgos, dijo.
Se alertó sobre otras regulaciones que impactarán en 2026, como revisiones por subcontratación indebida, inspecciones laborales, exigencias de materialidad, manifestación de valor en importaciones, ajustes al decreto TEC y el incremento al salario mínimo, factores que elevan los costos operativos y la presión administrativa.
En ese contexto se hizo referencia en los cambios en el manejo de los
trabajadores del campo para darlos de alta ante el IMSS eliminando las listas electrónicas complicando más la operación.
BHR México presentó un checklist inmediato para las empresas: auditoría interna, revisión contractual, actualización de políticas, ajuste de esquemas laborales y fortalecimiento de controles contables, con el fin de evitar esquemas agresivos, operaciones sin trazabilidad o uso de terceros sin debida diligencia.
El balance expuesto fue claro: Este año estará marcado por fiscalización intensiva, menor protección jurídica y mayor responsabilidad corporativa, pero también abre oportunidades para reorganización empresarial, automatización y profesionalización del cumplimiento.
Para ello se propuso el uso de un software denominado: “certidumbre fiscal” que permite a los contribuyentes auto diagnosticarse en todos los CFDI haciendo los cruces necesarios para evitar riesgos y complicaciones fiscales.
El mensaje final fue directo: en 2026, el costo del cumplimiento será menor que el costo del litigio, la diferencia entre crisis y control está en anticiparse, precisaron los integrantes de BHR México.