Toman oficinas municipales en SQ, a días de gira presidencial

SAN QUINTÍN.- A unos días de que se dé la gira de Claudia Sheinbaum por Tijuana y San Quintín, manifestantes que participaron en el bloqueo carretero ahora tienen tomadas las oficinas municipales en San Quintín y la delegación Camalú.
De acuerdo con los inconformes, liberarán los accesos y permitirán el funcionamiento hasta que se lleve a cabo la auditoría externa acordada el domingo en diálogo con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, así como la remoción de al menos 10 funcionarios.
Pese a los acuerdos alcanzados, entre ellos la creación de una comisión especial integrada por regidores, la alcaldesa Miriam Cano publicó en redes sociales que el acuerdo no traslada facultades ejecutivas, no sustituye a las autoridades ni implica decisiones sobre nombramientos o permanencia de servidores públicos.
"La Comisión Especial tendrá un carácter temporal, consultivo y no vinculante, con el objetivo de generar diagnósticos y recomendaciones que permitan identificar áreas de oportunidad y elevar los estándares de transparencia y servicio público", puntualizó la alcaldesa del sexto municipio.
En la opinión del empresario agrícola  Carlos Hafen López la situación en San Quintín podría escalar a un conflicto social similar al registrado en 2015.
Señaló que miles de jornaleros y sus familias se vieron afectados en su derecho al trabajo, al libre tránsito y al ingreso diario, y que existe un creciente nivel de inconformidad entre este sector.
Indicó que el cierre carretero afectó no solo al municipio de San Quintín, sino también a Baja California Sur, al impedir el paso de mercancías, transporte público y suministros esenciales, con impacto directo en la actividad agrícola y comercial.
El empresario explicó que trabajadores jornaleros perdieron jornadas laborales completas, fueron regresados de sus centros de trabajo o tuvieron que caminar varios kilómetros para regresar a sus hogares, al no permitírseles el paso vehicular.
Añadió que los productores agrícolas enfrentaron incumplimientos contractuales y pérdidas económicas por cosechas que permanecieron detenidas en el campo, en cuartos fríos o en unidades de transporte, debido a la falta de circulación.
Hafen López recordó que en 2015 un conflicto social en la región derivó en enfrentamientos y personas lesionadas, y señaló que la repetición de un escenario similar representa un riesgo si no se restablece la gobernabilidad.
Por su parte, el licenciado Marcos Carlón Torres, integrante del Colegio de Abogados de Ensenada, sostuvo que el punto de acuerdo aprobado por el Cabildo de San Quintín para crear una Comisión Especial de regidores sienta un precedente para todos los municipios de Baja California, al validar que acciones impulsadas fuera del marco legal puedan traducirse en decisiones de gobierno.
El abogado señaló que el acuerdo configura un esquema paralelo de control administrativo y financiero, articulado desde una comisión política y con participación operativa del Gobierno del Estado, lo que contraviene el artículo 115 de la Constitución, que prohíbe la existencia de autoridades intermedias entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo estatal.
Indicó que la designación de una secretaria técnica por parte del Gobierno del Estado, así como la comparecencia del enlace estatal ante la comisión, introduce formalmente a una instancia externa dentro del órgano municipal, aún cuando se establezca que no tendrá voto.
Carlón Torres explicó que esta intervención permite acceso interno, levantamiento de actas y seguimiento operativo, lo que configura una injerencia institucionalizada en asuntos propios del municipio.
Añadió que el acuerdo también construye un mecanismo de fiscalización indirecta, al coordinar una revisión financiera externa mediante un perito propuesto y pagado por el Gobierno del Estado, cuyos dictámenes serán canalizados por regidores al Cabildo y a la Sindicatura, invadiendo atribuciones reservadas por ley a los órganos fiscalizadores.
Precisó que el modelo aprobado otorga a una comisión política facultades inexistentes en la normatividad, como coordinar revisiones financieras, recibir dictámenes contables y ordenar comparecencias administrativas, lo que vulnera el principio de legalidad.
Desde una perspectiva institucional, advirtió que el mayor riesgo es el precedente que se genera, al permitir que un grupo, independientemente de su tamaño o representatividad, pueda detonar decisiones estructurales del gobierno municipal mediante presión externa, fuera de los canales legales.
Sostuvo que este tipo de esquemas puede replicarse en otros ayuntamientos del estado, normalizando que conflictos ajenos al procedimiento administrativo deriven en acuerdos que modifican la organización interna del gobierno municipal.