Las Leyes
Barra de Abogadas advierte riesgo al estado de derecho por reapertura del Caso FEMSA
La Barra de Abogadas expresa preocupación por la propuesta de reabrir el caso FEMSA, ya cerrado y considerado cosa juzgada
Reabrir casos cerrados genera incertidumbre, debilita la certeza jurídica y pone en riesgo la previsibilidad del sistema de justicia.
TIJUANA.- La Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco manifiesta su profunda preocupación ante la reciente propuesta, impulsada por la ministra Lenia Batres, para reabrir el caso FEMSA, un asunto que ya había concluido legalmente y que era considerado cosa juzgada.
“Para la sociedad en general, es importante explicar por qué este hecho genera inquietud. En cualquier sistema de justicia, cuando un juicio termina y alcanza la etapa de cosa juzgada, significa que el asunto ya no puede volver a abrirse, que tuvo un cierre definitivo y que las partes pueden tener certeza jurídica sobre el resultado”, advirtió la presidenta, Lic. Estefanía Campos García.
Reabrir un caso que ya estaba cerrado rompe con estos principios y abre una puerta peligrosa, pues significa que un órgano jurisdiccional podría modificar decisiones que ya eran firmes. Esto no sólo afecta a una empresa o a un expediente en particular: afecta la confianza de toda la ciudadanía en el sistema de justicia.
El respeto a la legalidad implica que las reglas deben ser claras, estables y aplicarse por igual. Cuando después de concluir un proceso se cambian las condiciones o se reabre un expediente, se genera incertidumbre, se debilita la certeza jurídica y se pone en riesgo la previsibilidad que toda persona necesita al acudir a los tribunales.
“Como Barra de Abogadas consideramos que un Estado de Derecho sólido depende de que las resoluciones definitivas se respeten.
Si un asunto que ya había terminado puede ser reabierto, ¿qué garantía tiene la sociedad de que sus propios procesos no puedan volverse a abrir en el futuro?. Reiteramos nuestro llamado a que las decisiones judiciales se mantengan dentro del marco constitucional, respetando los principios de legalidad, caducidad y cosa juzgada que sostienen la confianza en las instituciones”, finalizó.
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