TIJUANA.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que ante la reforma publicada el pasado 13 de marzo y los ajustes presentados el 15 de septiembre por parte de la presidenta de México, algunas de las modificaciones debilitan gravemente el juicio de amparo.

El presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Vega Solís, señaló que se ha solicitado formalmente participar en las mesas de trabajo que el Senado de la República está organizando para analizar las reformas a la Ley de Amparo.

"Representamos a miles de empresas en todo el país y consideramos indispensable que se escuche y atienda nuestra voz para fijar un posicionamiento que refleje las inquietudes y propuestas del sector productivo.

Nuestra participación busca asegurar que cualquier cambio legal, en lugar de significar un retroceso, fortalezca el verdadero Estado de Derecho y preserve las garantías que protegen a los ciudadanos y a quienes generan empleo en México.

Los cambios proponen que solo quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo. Esto reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas", declaró.

El juicio de amparo, refirió, fue creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, y ha sido clave para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de autoridad.

Comentó que México fue pionero en este modelo mucho antes que países como Austria o Alemania, y su fortaleza ha dado certeza jurídica para la inversión y la generación de empleos.

El presidente de Coparmex Tijuana, manifestó que en el ámbito tributario, la modificación al Código Fiscal de la Federación endurece plazos, amplía facultades de suspensión de certificados y permite la ejecución inmediata de créditos fiscales, limitando el control judicial sobre la actuación del fisco. Para las empresas, esto representa un mayor riesgo de cobros prematuros que afectarían operaciones y empleos, dañando la economía nacional.

Además, añadió, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incorpora ajustes que podrían presionar políticamente a los magistrados bajo la apariencia de evaluaciones de desempeño y digitalización; por lo que la imposición de métricas de ética, productividad y estadísticas sin las debidas salvaguardas, puede mermar la independencia judicial. Asimismo, la digitalización obligatoria puede excluir a personas y pequeñas empresas sin los recursos o capacitación tecnológica para litigar en igualdad de condiciones.

"Desde COPARMEX hacemos un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para reconsiderar estas modificaciones, establecer un diálogo con la sociedad civil, organizaciones empresariales, academia y colegios de abogados, y garantizar que el amparo se preserve como un derecho histórico accesible a todos los ciudadanos. Su fortalecimiento es indispensable para la consolidación del Estado de derecho, la justicia efectiva y la confianza en las instituciones.

Solo con instituciones sólidas, independientes y confiables México podrá mantener la justicia, la libertad, la seguridad jurídica y la competitividad necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía, atraer inversiones, fomentar la creación de empleos y consolidar un país en paz y crecimiento", puntualizó Vega Solís.