CDMX.- Al declararse partidario del sufragio efectivo y la no reelección, luego de tomar protesta como presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que en dos años y medio someterá a consulta ciudadana su permanencia, “porque el pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia”.

En su mensaje en el pleno del Congreso de la Unión, tras su toma de protesta y colocación de la banda presidencial, aseguró que está consciente de la expectativa que existe entre los mexicanos y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales.

Sin embargo, aseguró que está optimista y se enfrentarán bien los grandes y problemas nacionales, porque cree en el pueblo y en la cultura de México, que siempre han sido las salvadoras, con las que se han enfrentado malos gobiernos, terremotos y varias situaciones que le han permitido resurgir con dignidad y orgullo.

“Nada material me interesa, ni me importa la parafernalia del poder; siempre he pensado que el poder se ejercerse con sabiduría y humildad, y que sólo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, añadió.

Luego de agradecer al presidente Enrique Peña Nieto, respetar la voluntad del pueblo, y no haber intervenido en las elecciones pasado, recalcó que acepta el reto y se comprometió con el pueblo a trabajar 16 horas diarias para dejar en seis años avanzada la obra de transformación, y hará cuanto pueda para obstaculizar las regresiones y dedicar su esfuerzo a cumplir las demandas de la población.

México cuenta con recursos naturales, buenas tierras para la producción agropecuaria y forestal, y es de los países con mayor biodiversidad en el mundo, sostuvo.

López Obrador afirmó que con ello se está en camino de lograr el renacimiento de México, “nos vamos a convertir en una potencia económica y, sobre todo, en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible”.

“Son tres cosas las que necesitamos para enfrentar la crisis de México y dos de ellas están aseguradas de antemano. Lo reitero, un pueblo trabajador y suficientes riquezas naturales. Pronto, muy pronto, tendremos lo tercero, un buen gobierno, y en ese compromiso empeño mi honor y mi palabra”.

Ante invitados nacionales e internacionales reunidos en la Cámara de Diputados, expuso que el plan del nuevo gobierno tiene como propósito acabar con la corrupción y la impunidad, y esta nueva etapa de gobierno se iniciará sin perseguir a nadie, porque se busca regenerar la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país.

“Siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes”.

Por ello, propuso al pueblo de México poner punto final a esta historia y empezar de nuevo, sin persecución de funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes, al tiempo que recordó que hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, y atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

“Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la Presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal”.

En este sentido, aclaró que aunque defenderá con libertad y argumentos su postura, la ciudadanía tendrá la última palabra, por eso todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país serán sometidos a consulta.

El mandatario recordó la ley para convertir la corrupción en delito grave, promovida por él, y se comprometió a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público, lo que, dijo, aplica para amigos, compañeros de lucha y familiares.

“Si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Sólo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad”, mientras que el presidente de la República, de acuerdo con la iniciativa que envió hoy al Senado, podrá ser juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea.

Otro distintivo del nuevo gobierno, expuso, será la separación del poder económico del poder político, y el gobierno no será un simple facilitador para el saqueo, pues se transitará hacia una verdadera democracia al terminar con los fraudes electorales

"Quien use recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza", agregó.

El mandatario, quien asistió a la ceremonia acompañado por su familia, sostuvo que el combate a la corrupción y la austeridad permitirán liberar fondos suficientes para impulsar el desarrollo de México, y se comprometió a no incrementar impuestos en términos reales ni los precios de combustibles más allá de la inflación, los cuales bajarán, dijo, cuando se construya la nueva refinería y rehabiliten seis más.

Al referirse a la deuda pública, comentó que esta no se incrementará, pues no se gastará más de lo que ingrese a la hacienda pública; se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, por lo que están seguras las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros, y se crearán condiciones hasta obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, crecimiento económico y confianza.

También afirmó que en su gobierno se respetará la autonomía del Banco de México y con la aplicación de las medidas de austeridad se incrementará la inversión pública, para rescatar a las industrias petrolera y eléctrica, además de que se impulsarán los proyectos productivos con inversión pública y privada, nacional y extranjera.

El Ejecutivo federal recalcó que también disminuirán las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, salvo las embajadas y consulados; los ocho mil elementos del Estado Mayor que cuidaban al presidente y los tres mil 200 agentes de Gobernación formarán parte de la Guardia Nacional.

López Obrador abundó que otro cambio importante, si el pueblo y el Poder Legislativo autoriza, será la creación de la Guardia Nacional, para enfrentar la inseguridad y violencia, lo cual implicará replantear el papel de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, añadió que ha solicitado al Congreso, con carácter urgente, la aprobación de una reforma constitucional que permita crear, con la integración de las policías Militar, Naval y Federal, una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública, con pleno respeto a los derechos humanos.

En materia de política exterior, dijo, se apegarán a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo y se mantendrá buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo.