Aprueba Congreso de BC iniciativa para reducir financiamiento a partidos políticos

MEXICALI.- Con el objetivo de reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos y permitir que cada entidad federativa establezca reglas conforme a sus realidades específicas, el Pleno del Congreso respaldó la iniciativa de reforma al artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, presentada por el diputado Juan Manuel Molina García.
El legislador argumentó que la fórmula actual de financiamiento, al aplicar criterios uniformes, ignora las diferencias en desarrollo económico, población y prioridades de cada estado, lo que ha derivado en una percepción negativa sobre el uso del erario y un desgaste en la legitimidad democrática.
La reforma plantea modificar el artículo 51 para establecer que, en el caso de los partidos políticos locales, las reglas de financiamiento se definan en las legislaciones locales respectivas, ajustándose a las características y necesidades particulares de cada entidad.
Derivado del debate en la Asamblea, el diputado Molina García presentó una reserva —que fue aprobada—, con el propósito de que el nuevo esquema también aplique a partidos políticos nacionales con registro local.
Con esta modificación, explicó el congresista de Morena, se atiende el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reforzando el fundamento legal y el carácter federalista de la propuesta.
“Garantizar un esquema de financiamiento que refleje las particularidades locales y respalde la equidad en el uso de los recursos públicos es fundamental para atender las verdaderas necesidades de la ciudadanía”, subrayó.
La propuesta fue aprobada con 21 votos a favor de las diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PVEM, PT, MC, PAN y PRI, mientras que la legisladora del PES votó en contra y el diputado de Fuerza por México se abstuvo.
Por tratarse de una reforma a una ley general, el Dictamen No. 38 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, será turnado al Congreso de la Unión para su análisis y trámite correspondiente.