CIUDAD DE MÉXICO.- El envío a Estados Unidos de 29 presuntos narcotraficantes en la víspera fue su decisión y en respuesta a una solicitud de Washington, pero en la operación no tuvo nada que ver la presidenta Claudia Sheinbaum.

El envío del grupo de narcotraficantes se produjo pocos días antes de que se cumpla el plazo del 4 de marzo concedido por el presidente estadounidense Donald Trump para aplicar los aranceles del 25% a productos mexicanos, con lo que ha amenazado a México si no hace más en la lucha contra el tráfico de droga, sobre todo fentanilo, y la migración irregular.

“Esto se hace bajo las normas de una ley específica que es la Ley de Seguridad Nacional donde se establecen los parámetros por razones de estabilidad política, tanto en México y Estados Unidos”, dijo el fiscal general, Alejandro Gertz, en rueda de prensa junto a otros miembros del Gabinete de Seguridad.

“Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta”, refirió el funcionario.

El fiscal general detalló que la entrega de los 29 se basó en el artículo 5 de Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 89 de la Constitución. “Ese fue el fundamento del traslado”, refirió.

Cuestionado sobre la posibilidad de que algunos de estos reos pudieran enfrentar la pena de muerte, pidió no especular y aseveró que las sentencias son impuestas únicamente por los jueces.

El fiscal comentó así el señalamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un documento oficial de que evaluarán si los cargos por los que son requeridos, en al menos seis de los detenidos, podrían conllevar la pena de muerte.

“Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, zanjó.

Consultado insistentemente sobre si la operación tenía relación con la negociación con la administración de Trump para frenar los aranceles, Gertz dijo: “Yo no quisiera especular sobre temas que no me corresponden, pero la verdad de las cosas el cumplimiento de México es contundente”.

El secretario de Seguridad, Omar García, dijo que la acción “no tiene nada que ver” con Sheinbaum, que más temprano rehusó hablar del asunto en su conferencia de prensa diaria.

García Harfuch detalló que los 29 reos eran requeridos en Estados Unidos por delitos de alto impacto como delincuencia organizada, trasiego de drogas, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas y secuestro, entre otros.

“Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país. Delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen”, abundó.

El secretario dijo que algunos de los capos eran requeridos desde hace 40 años y aseguró que contaban con información sobre el riesgo de que algunos fueran liberados o que sus procesos de extradición fueran retrasados.

“Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos”, enfatizó.

Finalmente, dijo que este fue un acto de autoridad “sin precedentes”, resultado de la política cero impunidad y de la coordinación absoluta del gabinete de seguridad.