CDMX.- La administración de Javier Duarte desvío mil 427 millones de pesos etiquetados para los servicios de salud de beneficiarios del Seguro Popular hacia la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, donde fueron transferidos mil millones; los usó para pago de proveedores y nómina de trabajadores.

Lo anterior, en lugar de asignarlos a la compra de medicamentos y mejoras en la calidad del servicio para la población enferma, entre ella pacientes oncológicos atendidos por el Seguro Popular y para lo que estaba etiquetado el dinero.

Así lo denuncia este jueves una publicación de Milenio, donde reporta “un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública federal” por mil 427 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), identificado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Mismo que proporciona “fundamentos jurídicos para promover acciones derivadas de la auditoría”.

Refiere que los recursos fueron destinados al pago de un proveedor, nómina de servidores públicos comisionados al sindicato y hasta a un posible trabajador “fantasma”.

Todo, durante los primeros cinco años de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, preso y condenado a 9 años de prisión, 58 mil pesos de sanción económica y el decomiso de 41 inmuebles, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero durante su administración.

Por ese probable daño a la Hacienda Pública, la Auditoría Superior mantiene tres denuncias, dos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en la Fiscalía de Veracruz; también tiene abiertas 11 investigaciones más.

En 2015, por ejemplo, se justificaron 4 mil 882 millones 69 mil pesos destinados al FASSA; 3 mil 816 millones 373 fueron para pagar el servicio del personal y sólo 368 millones 631 mil pesos para la compra de medicamentos.

Además, 491 millones 825 mil pesos se justificaron con el pago de servicios generales; 152 millones 388 mil pesos para adquirir materiales y suministros, y el resto en transferencia y bienes inmuebles.

A un trabajador sin documentación que acredite el perfil de la plaza bajo la cual cobró sueldos, se le pagaron 72 mil 767 pesos.

Ese mismo año se usaron recursos etiquetados a salud para la nómina de 79 servidores públicos comisionados al sindicato, a los que se pagaron 24 millones 137 mil pesos.

Otros 250 mil pesos se usaron para cubrir el pago a un proveedor careciendo de respaldo documental.

En 2014, hubo subejercicio de 139 millones 58 mil 820 pesos y no fueron integrados a la Tesorería de la Federación.

Con información de Milenio