Plan llevado al Senado incluye un programa de empleo temporal y psicólogos, créditos para micro, pequeñas y medianas, y cámara y botones de seguridad

SINALOA.- Un grupo de empresarios de Sinaloa pidió 3 mil 270 millones de pesos para la alimentación de trabajadores, el pago un programa de empleo temporal y psicólogos, la entrega de créditos para las micro, pequeñas y medianas y la instalación de cámara y botones de pánico para frenar la crisis económica provocada por la violencia vivida en Culiacán por la pelea entre Los Chapitos y La Mayiza.

“La magnitud de la crisis (por la pelea entre los Chapitos y la Mayiza) exige medidas adicionales para recuperar la estabilidad económica y garantizar la seguridad pública”, afirmaron los empresarios, quienes visitaron el Senado para presentarles el Plan Emergente de Recuperación Económica.

Se respalda el trabajo del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, quienes han desplegado operativos para combatir la violencia en Sinaloa, reconocieron los directivos de compañías, quienes fueron acompañados por Martha Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sinaloa.

El plan tiene como objetivo contrarrestar la “grave crisis económica” que enfrenta Sinaloa, producto de la violencia derivada de la pelea entre los dos grupos criminales.

La delegación sinaloense, que incluye a empresarios y ciudadanos afectados por la inseguridad, se reunió con miembros del Senado para exponer la “difícil situación” que viven las familias y las empresas en la entidad, donde la violencia provocó una “parálisis de la economía, pérdidas millonarias y un retroceso social significativo”.

De acuerdo con el Colegio de Economistas de Sinaloa, el estado ha perdido 18 mil millones de pesos debido al impacto directo de la violencia en la economía.

Desde hace casi tres meses, Sinaloa enfrenta un conflicto armado entre bandas rivales, lo que ha provocado que empresas cierren sus puertas, reduzcan su personal y operen en horarios limitados debido al temor a la violencia.

La situación fue reconocida desde el 25 de noviembre por Cristina Isabel Ibarra Armenta, presidenta de dicho colegio, quien destacó la necesidad de declarar a Sinaloa en emergencia, debido a la afectación de la violencia en sectores clave como la inversión, la generación de empleo y la producción agrícola.

Adicionalmente, las empresas locales y los comerciantes han sufrido pérdidas económicas directas e indirectas de al menos 500 millones de pesos diarios debido a la “parálisis económica”, especialmente en sectores como el comercio de eventos masivos, como conciertos, festividades y espectáculos.

“La inseguridad ha obligado a muchas empresas a reducir horarios y personal, con acuerdos de trabajo de menos días por semana”, explicaron loso empresarios sinaloenses.

Agregaron que los despidos no han sido una opción, ya que el paro técnico afecta tanto a los trabajadores como a los empleadores.

“La violencia provocó que el estado se ubique en el último lugar de la tabla de salarios, por debajo de entidades como Chiapas y Guerrero. Según las estadísticas del IMSS, las empresas de Sinaloa se encuentran con una severa falta de competitividad, lo que está afectando la calidad de vida de los sinaloenses”, indicaron.

Los empresarios sinaloenses hicieron un llamado urgente al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para la implementación de un paquete de medidas extraordinarias que ayuden a reactivar la economía del estado, apoyar a las familias afectadas por la crisis y garantizar la seguridad en la región.

1.  Programa de Bienestar de Emergencia Social. Asignar 250 millones de pesos para dar apoyo alimentario a los afectados por la pérdida temporal o permanente de su fuente de ingresos, incluyendo 50 mil pesos en apoyos alimentarios para personas y dependientes económicos.

2. Empleo Temporal Inmediato. Destinar 5 millones de pesos para un Programa de Empleo Temporal Inmediato, ofreciendo 25 mil jornales con salario mínimo para labores de mantenimiento de infraestructura pública y rehabilitación de fuentes de ingresos.

3. Atención a la Salud Mental. Asignar 15 millones de pesos adicionales al presupuesto de la Secretaría de Salud para implementar un Programa Especial de Atención a la Salud Mental, en respuesta al impacto psicológico de la violencia en la población.

4. Créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Establecer un programa de créditos a microempresarios afectados por la violencia, con una tasa de interés 3 puntos menores a la tasa de referencia del Banco de México, con un periodo de gracia de seis meses y plazos de hasta cinco años.

Se solicita también la creación de un Fondo Especial para Sinaloa de 1,500 millones de pesos, que permita financiar a las microempresas a través de un esquema de garantía con la banca de desarrollo.

5. Fortalecimiento de la Seguridad Pública. Solicitar la asignación de 1,500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para instalar 2,500 cámaras de videovigilancia, repartir 50,000 botones de emergencia entre la población y equipar a las policías locales. Esto complementaría la seguridad en el estado y contribuiría a la protección de ciudadanos y empresarios.

6. Apoyo a la Infraestructura de Seguridad. Proponer el uso de estos fondos para la instalación de 11,000  cámaras internas en taxis y camiones de servicio público, así como la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad locales.

“Nuestra solicitud es una respuesta a la grave situación que enfrentamos, que no solo está afectando a las empresas, sino también a las familias y comunidades que dependen de una economía activa y segura”, declaró Martha Reyes, presidenta de la Coparmex Sinaloa.

“Confiamos en que los legisladores y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo atenderán nuestras propuestas de manera urgente, ya que los efectos de esta crisis no solo son económicos, sino también sociales y culturales”, agregó.