MEXICALI.- El Congreso emitió un atento exhorto a las presidentas y presidentes municipales del estado de Baja California, para que, dentro del ámbito de su competencia, lleven a cabo un programa de integral de armonización reglamentaria y capacitaciones para el fortalecimiento institucional y la mejora en control externo.

El punto de acuerdo presentado por la diputada Alejandra María Ang Hernández, tiene como fundamento la revisión detallada de seguimiento al contenido de los Informes Generales Ejecutivos del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020, 2021 y 2022, donde se puede apreciar que del 100% de entidades fiscalizadas que generan Informe Individual de Auditoría, el 50% corresponden a entes del orden municipal.

Expuso además que las observaciones y riesgos más persistentes que han generado recomendaciones e incluso probables responsabilidades administrativas durante estos tres ejercicios han sido: ausencia de control interno; adquisición de bienes y contratación de servicios sin aplicar los procedimientos establecidos en la normatividad vigente; erogaciones por concepto de servicios profesionales sin contratos y/o evidencia de los trabajos realizados; falta de proyecto ejecutivo acorde a las necesidades reales de la obra pública, entre otros.

Para corregir estas omisiones y transgresiones al principio de legalidad, la diputada Ang Hernández indicó que es necesario que los Ayuntamientos, atiendan las recomendaciones que realiza el órgano de fiscalización; revisen, analicen y en su caso, armonicen y emitan su normatividad de conformidad con la Constitución y la Ley del Régimen Municipal.

Además refirió que es pertinente desarrollar capacitaciones especializadas para las personas servidoras públicas en materia de facultad reglamentaria, adquisiciones, obra pública, disciplina financiera y fiscalización del gasto público, con el objeto de fortalecer el quehacer municipal, rendir cuentas correctamente y así preservar el Estado de Derecho.

La inicialista resaltó que “los municipios de la Entidad deben contar con instrumentos jurídicos actualizados y armonizados, además con personal profesionalizado que haga frente a estas inconsistencias recurrentes, pero esa demanda evidentemente no se satisface con discursos gubernamentales, sino que requiere de acciones concretas de trabajo, ya que la rendición de cuentas de los municipios finaliza con la cuenta pública”.