Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, ha esbozado aspectos clave de su programa para su próxima administración, programada para iniciar en enero de 2025. Entre sus primeras acciones, el equipo de Trump explora declarar una emergencia nacional en la frontera sur. Esta medida permitiría acelerar deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales y otros procedimientos de control migratorio.

Sus políticas, que buscan “restaurar el estado de derecho”, se orientan hacia el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, aumentando el rigor en las deportaciones de aquellos que ingresaron al país de forma irregular y, en particular, de quienes hayan cometido delitos en suelo estadounidense. Este plan es visto por sus simpatizantes como una medida para “proteger la seguridad nacional”, pero ha generado alarmas entre organizaciones de derechos humanos que advierten sobre posibles violaciones a los derechos de los inmigrantes.

Trump también ha propuesto recortes presupuestales en instituciones que fomenten la diversidad de género y derechos LGBTQ+. Esto incluye limitar los recursos para escuelas que promuevan “ideologías de género”, un enfoque que su administración sostiene en su esfuerzo por defender la “protección de los valores tradicionales”. Sin embargo, esta política ha suscitado críticas de diversos sectores de la sociedad civil, que ven en ella un retroceso en los derechos alcanzados en los últimos años.

Con un discurso enfocado en la “seguridad y orden”, Trump enfrenta el reto de implementar políticas que reflejan su visión, la cual ha polarizado a la opinión pública desde su campaña electoral.