El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado que en su caso se establezcan

CIUDAD DE MÉXICO.- Se publica decreto en el que se establece que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, áreas estratégicas; y su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos los harán las empresas públicas del Estado.

De acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las áreas estratégicas son las relacionadas con correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y generación de energía nuclear; el servicio de Internet que provea el Estado; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional; así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos.

Así mismo, se estableció que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles tanto para transporte de pasajeros, como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional y el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar asignaciones, concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación.

En este contexto, el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado que en su caso se establezcan.

Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la nación llevará a cabo dichas actividades.

Los objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca; así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos.