TIJUANA.- El paquete de reformas al poder judicial en México representa un retroceso grave que podría poner en riesgo las inversiones y la credibilidad del país ante los tratados internacionales, por lo que es necesario levantar la voz.

Lo anterior lo indicó el M.D. Juan Marcos Gutiérrez González, asesor jurídico, quien estuvo como expositor en la reunión mensual de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), que preside el Lic. José Luis Contreras Valenzuela.

El tema del invitado se tituló “Reforma Judicial vs Recurso Judicial Efectivo en México: Desafío para la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en el que señaló que se trata de un sesgo muy peligroso, debido a que es un paquete de reformas que reducen al ciudadano, y fortalecen al gobierno.

“En 200 años de vida independiente nunca había habido un paquete de reformas en ese sentido, ya que no sólo es la elección de jueces, ministros y magistrados, sino la reforma de ley amparo que le quitó facultades a los jueces para detener la legislación que viole derechos humanos”, mencionó.

El experto agregó que también se incluye una reforma que permite a la guardia nacional tener facultades de investigación, aun cuando son elementos civiles, en tanto que se busca reformar el artículo primero constitucional que dice habla de derechos humanos derivados de tratados internacionales, pero que no se aplique dicho artículo a la hora de un juicio.

“Están haciendo un vínculo de lo castrense con lo civil, prohibido por la corte interamericana. Todo ese paquete es gravísimo a estas alturas de la historia, y no tengo duda que, en su momento, la Corte Interamericana dirá que la reforma constitucional que promovieron viola el pacto de San José”, apuntó.

Juan Marco Gutiérrez consideró que, ante este panorama, el sector privado tendrá que generar el eco necesario para obligar a que el gobierno respete los pronunciamientos y que no desacate a la Corte Interamericana, pues, de lo contrario, México caería en la absoluta incredulidad del respeto a los tratados internacionales, lo cual provocaría una inestabilidad terrible en la región de América del Norte.

Por su parte, el Lic. José Luis Contreras Valenzuela, presidente de AIMO, coincidió en que el paquete de reformas al Poder Judicial ha llegado a los extremos, lo cual deja en la indefensión al ciudadano.

En ese tenor, refirió que las gestiones de los abogados fiscalistas, quienes promueven amparos para defender al sector productivo ante una instancia de gobierno, quedarían eliminadas y dejarían en la incertidumbre a los generadores de empleo.

“No únicamente inhibirá la inversión, sino que podrían frenarla en su totalidad, y si las reglas del juego son de un poder absoluto del gobierno, difícilmente se podrán hacer acuerdos en el marco del TMEC (Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá)”, advirtió.

Contreras Valenzuela subrayó que no se puede segregar al país del desarrollo mundial para tratar de encerrar a sus ciudadanos en su propia economía, pues es muy limitada en cuanto a sus potencialidades.

“Debemos tener una participación más activa, y si es necesario promover esta manifestación masiva de los afectados, pues hacerlo directamente ante las cámaras de legisladores, que son quienes realizan estas reformas, porque se han perdido los contrapesos”, concluyó.