CDMX.- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue condenado a nueve años de cárcel y al pago de una multa de 58 mil 890.60 pesos, luego de declararse culpable de haber cometido asociación delictuosa y lavado de dinero en su carácter de autor material, ante un juez federal.

Sumado a lo anterior, el juez le advirtió el que evite reincidir en  algún delito, además de suspenderle sus derechos políticos y civiles por el tiempo que dure en prisión y decomisarle  22 parcelas, seis inmuebles en la Ciudad de México, un terreno en el Estado de México, tres departamentos en Boca del Río, Veracruz, cuatro más en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y seis terrenos en Cancún, Quintana Roo.

Medios que se encintaron en el juicio, como lo fue El Universal señalaron que poco antes de dictar su fallo, el juez preguntó a Duarte Ochoa si aceptaba la tramitación del procedimiento abreviado y admitía su responsabilidad en los delitos que la PGR le imputó.

“En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría”, habría respondido el el mandatario de Veracruz.

Por ese motivo, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, especificó que debido a que Javier Duarte aceptó llevar su procedimiento de manera abreviada, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la pena de prisión que le impuso no podrá ser sustituida por ningún beneficio.

El Universal destacó que entre los inmuebles coscados a “Javidú” se encuentra un predio ubicado en Lomas de Chapultepec, en el que el ex mandatario pretendía construir su casa de retiro y tres departamentos en Santa Fe, que supuestamente fueron adquiridos para sus hijos y cuyo valor es de 45 millones 500 mil pesos cada uno.

Los agentes del Ministerio Público de la PGR no solicitaron una condena de reparación del daño, pues conforme a la ley, los delitos de los que Duarte de Ochoa se declaró culpable no admiten esta pena.

De los nueve años de prisión a los que fue condenado, explicó que se deberá descontar el tiempo que ha permanecido privado de su libertad, es decir, que empezó a contar desde el 15 de abril del 2017, por lo que únicamente restan siete años y medio en prisión.

Por operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez especificó que la multa que le impuso asciende a 300 días de salario mínimo que se pagaba en el año 2011 en el estado de Campeche, que es de 52 mil 317 pesos en total y por asociación delictuosa, los 90 días de multa fueron calculados conforme al salario de 2016 en la Ciudad de México, que en total resultaron 6 mil 573.60 pesos. En ambos casos, el juez consideró los lugares en los que se consumaron los delitos.