CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, podría obtener libertad bajo fianza y enfrentar el juicio fuera de la cárcel en caso de que lo ordene el juez, tras la audiencia de argumentación que hará este miércoles la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del exmandatario preso desde el año pasado.

La PGR busca que Duarte de Ochoa se mantenga preso para evitar una eventual fuga y así lo solicitará argumentando las 82 pruebas presentadas por un equipo legal que lidera Pedro Guevara Pérez, fiscal de la PGR y director general de Procesos de Amparo de Delitos Federales de dicha dependencia.

A Duarte de Ochoa lo juzgan por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, después de que el 22 de agosto la PGR reconfigurara el delito original de delincuencia organizada ante la imposibilidad de acreditarlo.

“Al valorar los datos de prueba con que cuenta, la PGR determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación sólidamente sustentada, para que el proceso culmine con una sentencia acorde a los preceptos de nuestra Constitución”, expuso en un comunicado de prensa fechado entonces en la Ciudad de México.

Dichos delitos no se consideran graves, no requieren prisión preventiva y conllevan una pena de cinco a 10 años de cárcel, menor a la interpuesta por culpabilidad de delincuencia organizada.

Así, Javier Duarte de Ochoa podría quedar libre y enfrentar de esa manera el proceso judicial por el que se encuentra vinculado a proceso desde julio de 2017.

El testimonio de José Juan Janeiro Rodríguez, principal cerebro financiero de Duarte de Ochoa, será una de las pruebas que use la PGR, especialmente sobre la contratación que el exgobernador hizo de sus servicios para comprobación contable de 350 millones de pesos del erario.

También, la declaración de Xóchitl Tress, exdirectora de Espacios Educativos en la administración de Javier Duarte, sobre millones de pesos para adquirir propiedades a través de una empresa fantasma para desviar recursos y financiar electoralmente a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, el desvío de casi 2 mil millones de pesos a los prestanombres de Duarte de Ochoa, Moisés Mansur y Alfonso Ortega y la adquisición de propiedades y en las que se encuentra involucrada su esposa Karime Macías Tubilla, asilada en Londres, Inglaterra.