TIJUANA.- La reciente aprobación de la Reforma Judicial, tras su paso por la Cámara de Diputados y el Senado, ha generado un ambiente de incertidumbre y debate. Aunque muchos piensan que este proceso es irreversible, aún pueden explorarse acciones legales para revisar la legalidad del procedimiento legislativo, también se podría analizar si la reforma no ataca el espíritu constitucional de la división de los poderes.

Leonardo Abarca Jiménez, presidente del Capítulo Baja California de la Barra Mexicana de Abogados mencionó que el proceso legislativo aún no concluye, pues debe darse la sanción por el Ejecutivo y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A pesar de esta aparente conclusión inminente, los expertos insisten en que todavía existen herramientas legales que podrían frenar la implementación de esta reforma, lo que mantiene abiertas ciertas esperanzas para sus detractores.

“En este sentido, se han presentado amparos que han derivado en suspensiones, algunas de ellas provisionales y otras definitivas. Sin embargo, hemos observado un desacato por parte del Congreso, al remitir la reforma a las legislaturas locales a pesar de estas suspensiones”, explicó

Agregó que es cierto que en principio podría pensarse que el amparo es improcedente en contra reformas constitucionales, tal como lo establece el artículo 61 fracción I de la Ley de Amparo. No obstante, existen precedentes que permiten impugnar el proceso legislativo que conduce a dicha reforma.

“En este caso, han surgido señalamientos sobre posibles violaciones al proceso legislativo, lo que abriría la puerta a impugnar la forma en que se llevó a cabo la dictaminación y votación de la reforma”, dijo.

Señaló que por ejemplo, la dictaminación fue realizada por la legislatura anterior, lo que podría considerarse una irregularidad, ya que la actual legislatura no tuvo el tiempo adecuado para analizar el contenido de la reforma antes de su votación.

Además, se cuestiona la validez del proceso de votación en la Cámara de Diputados, debido al cambio de sede y las irregularidades reportadas durante la sesión, como la falta de quórum y la participación de personas ajenas al cuerpo legislativo en la votación.

También existe la posibilidad de qué la corte analice la reforma a través de una acción de inconstitucionalidad, la cual puede ser presentada por la minoría parlamentaria, es decir, el 33%  de los senadores o diputados, y aunque aparentemente dicha acción de inconstitucionalidad no es procedente para analizar precisamente reformas a la propia Constitución.

Sin embargo, existen votos particulares que han emitido algunos  ministros en casos iguales a este, concretamente, estoy pensando en un botón particular del ministro José Ramon Cossio Díaz, pues en dicho voto emitió un criterio que considero sumamente interesante y aplicable, pues manifiesta que la corte puede entrar al estudio del procedimiento legislativo de una reforma constitucional, pues, con una interpretación sistemática y no literal la Suprema corte de Justicia de la Nación sí tiene competencia para que a través de una acción de inconstitucionalidad conozca y analice la regularidad del procedimiento de reformas a la Constitución Federal.

“Se debe destacar que, al agotarse los recursos nacionales, existe la posibilidad de acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, bajo el argumento de que la reforma podría vulnerar derechos fundamentales como el acceso a una justicia imparcial y de calidad”, agregó el especialista. 

A través de un video en redes sociales la Barra Mexicana de Abogados a nivel nacional, en su papel de garante del estado de derecho, ha seguido de cerca el desarrollo de esta reforma. Enfatizando en que como institución respetuosa de los procesos legales han realizado foros y análisis propositivos para evaluar el impacto de la misma.

“Si bien la Barra ha mantenido una postura abierta al diálogo, también ha señalado que esta reforma representa un retroceso significativo para el sistema de impartición de justicia en México”, dijo.

La Barra considera que es esencial que se respeten todas las formalidades y mecanismos legales antes de que la reforma se implemente. Aun cuando el proceso parece avanzar rápidamente, de ahí que la asociación de juristas seguirá vigilante y explorando posibles acciones legales.

“Aunque la reforma judicial ha avanzado en su proceso legislativo, aún no se ha alcanzado un punto de no retorno. Existen recursos legales que pueden frenar o, al menos, revisar a fondo el proceso que llevó a su aprobación. Como abogados y defensores del estado de derecho, seguiremos atentos y comprometidos con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos”, concluyó Abarca Jiménez.