En la ciudad fronteriza, solo entre el 6% y el 8% de un millón 197 mil habitantes utiliza el transporte público, esto a causa de la inseguridad, horario limitado, poca focalización de rutas y la saturación de las unidades en horas pico
MEXICALI.- En Verano de 2024, el municipio de Mexicali, Baja California modificó sus acuerdos en torno a la tarifa del transporte público. Al usar la tarjeta de prepago y el código QR proporcionado por la nueva aplicación digital APP StopBus Mexicali, le permitirá al usuario pagar la tarifa de $15.50 y precio preferencial de $7.75 a personas de la tercera edad, estudiantes e individuos con discapacidad.
En caso de pagar en efectivo se le cobrará al usuario $20.00, con el fin de incentivar el uso del dinero electrónico según informó el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).
En la ciudad fronteriza, solo entre el 6% y el 8% de un millón 197 mil habitantes utiliza el transporte público, esto a causa de la inseguridad, horario limitado, poca focalización de rutas y la saturación de las unidades en horas pico, además del fácil acceso a autos importados comúnmente conocidos como autos chocolate, explicó el Dr. Carlos González, director del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETYS Universidad Campus Mexicali.
Mencionó que el sector manufacturero representa una parte de la población que utiliza el transporte público para acudir a su empleo, sin embargo, al no ser un medio eficaz para planificar un horario, las empresas han generado una serie de contratos con compañías de transporte como medida preventiva a la impuntualidad, así como el ofrecimiento de un estímulo económico por llegar a tiempo al área laboral.
“Es inviable planear tu ida al trabajo esperando un transporte que pasa cada cierto tiempo, que cuando pasa viene lleno, que es inseguro. Súmale que en tiempos de calor, a pesar de que se han hecho esfuerzos en el gobierno para que haya refrigeración, muchos no tienen”, expresó.
Por otra parte, el experto CETYS señaló el impacto que este cambio trae consigo para las personas de la tercera edad, resaltando la posible dificultad de este sector para adaptarse a las nuevas tecnologías con el uso de la aplicación para que se les siga respetando su precio preferencial, tales como el uso de un escáner, cámara y bancarización digital.
“Tendría que haber sido una prueba piloto, una campaña intensiva para dar a conocer la app, capacitaciones en línea o presenciales, ir a las colonias donde más usan el transporte: escuelas, poblaciones periféricas, los centros de desarrollo humano y social”.
Consideró que esta iniciativa provocará la posible búsqueda de vías alternas de transporte, ya sea con mayor costo pero más óptimo. Una posible solución podría hallarse con la realización de foros de discusión en los que participen los diversos sectores económicos, la población y el Instituto de Movilidad Sustentable, añadió.
El problema transcurre debido al poco mantenimiento y cuidado de las unidades de transporte público, es por ello que el aumento de tarifa generó descontento en la población; probablemente esto no sucedería si se tuvieran mejores condiciones, señaló la Dra. Leticia Torres Arteaga, Coordinadora de Licenciaturas Ejecutivas y Docente de tiempo completo en la Escuela de Administración y Negocios de CETYS Universidad Campus Mexicali.
Explicó que el incremento de $4.50 es una estrategia para que la gente deje de pagar en efectivo, ya que si el cambio hubiera sido de $1.00, no hubiese impactado tanto en la percepción del usuario.
Además, señaló que este aumento de tarifa podría afectar en la economía familiar dependiendo de la frecuencia en la que se utilice el transporte público y cuántos miembros de la familia aborden estos vehículos cotidianamente.
“Este incremento podría llevar al debate sobre la necesidad de subsidios y ayudas gubernamentales para evitar el impacto. Las cosas deben tener un precio justo y las personas deben tener un sueldo suficiente para comprar los satisfactores a sus necesidades reales”, expresó.
La Dra. Torres comentó que, en un mundo ideal, el transporte público debería ser gratuito, porque su operatividad se costearía con los impuestos y cada gobierno se aseguraría de proteger y garantizar a la población de un transporte seguro y cómodo, así como se garantizan los servicios públicos de agua potable, alumbrado público, seguridad, educación y vialidades.