PLAYAS DE ROSARITO.- Los jóvenes se exponen constantemente a incurrir en delitos que pueden costarles desde penas económicas hasta prisión por compartir imágenes, audios o videos de índole sexual sin consentimiento, señaló la CPMI. Lorena Meléndez Yáñez, presidenta de la Fundación Manos Unidas por Rosarito A.C. “La facilidad de la conexión a internet ya sea en computadoras de escritorio o dispositivos móviles, facilita a los adolescentes compartir este tipo de contenidos de índole sexual.

Poseer este material privado o difundirlo los coloca en riesgo de incurrir en un delito que les puede costar la libertad y causar daño a quienes aparecen en esos videos o fotografías”, abundó.

En México, más del 70% de la población utiliza internet. El acceso a esta tecnología se ha convertido en parte integral de los mexicanos que utilizan la conectividad con fines de investigación, educación, laborales, socialización o diversión.

“Este avance tecnológico ha facilitado la conectividad e interacción entre personas, pero también ha traído riesgos para los usuarios cuando se comparten datos personales como fotografías o videos personales. Estos archivos pueden ocasionar la pérdida de privacidad, suplantación de identidad, delitos cibernéticos, impacto emocional y psicológico”, destacó.

En 2023, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), reveló que la práctica del sexting se había disparado en la población arriba del 52% y México se colocó como uno de los países latinoamericanos donde más se practica este fenómeno consensuado, que no representa ningún tipo de violencia, sin embargo, difundir estos contenidos (fotografías o videos de índole sexual) sin consentimiento es en un delito.

En la actualidad, el conjunto de normas penales conocidas como Ley Olimpia reconocen la violencia digital y sancionan con multas económicas e incluso cárcel a quien viole la intimidad sexual a través de medios digitales.

Por ejemplo, quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento.

“Es un exhorto a los padres de familia, a docentes, a las autoridades, a todas las personas que participamos en el crecimiento y desarrollo educativo y social de los jóvenes, para instruirlos en los riesgos que representa violentar la intimidad sexual de las personas. Es importante que  entiendan sobre las consecuencias que pueden enfrentar si violan la Ley Olimpia”.

Entre las principales recomendaciones que se les dan a estudiantes en los seminarios de prevención en preparatorias de Rosarito y en reuniones con madres de familia, para proteger la privacidad en los entornos digitales, está el respeto a la privacidad, no participar en la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, evitar el ciberacoso y configurar adecuadamente la privacidad de los perfiles de redes sociales.

Lorena Meléndez dijo que iniciativas como campañas de sensibilización, talleres de formación y la creación de canales seguros y accesibles para la denuncia pueden hacer una gran diferencia. “Estas acciones no solo deben centrarse en la denuncia de delitos mayores, sino también a las denuncias cibernéticas, en la lucha contra el acoso escolar, la violencia doméstica y otras formas de abuso que afectan directamente a las familias”, añadió.

La promoción de la cultura de la denuncia requiere un compromiso colectivo. Las familias, las instituciones y las autoridades deben trabajar juntas para crear un entorno en el que la denuncia sea vista como un acto de responsabilidad y valentía. Al hacerlo, no solo se protege a los individuos, sino que se fortalece la comunidad en su conjunto, asegurando un futuro más seguro y justo para todos.

En resumen, fomentar la cultura de la denuncia es una tarea que nos concierne a todos. Al educar y empoderar a las familias para que se sientan seguras y capaces de denunciar, estamos construyendo una sociedad más fuerte, justa y resiliente.

Invitemos a todos a ser parte de este cambio, denunciando el delito y protegiendo a nuestras comunidades.

Finalmente, la presidenta de la Fundación pidió a la comunidad denunciar cualquier tipo de conductas inapropiadas a las autoridades correspondientes. Utilizar las líneas de emergencia como el 911 y 089 o el 088 de la Guardia Nacional.