TIJUANA.- La supervisión de la operación de las empresas que recolectan, trasladan y disponen residuos en Baja California es una tarea compartida entre Ayuntamientos y Estado, así como la Federación en el caso de los Materiales Peligroso, informó la presidenta de la asociación civil Hagamos Conciencia, Marisol Montaño.

La activista pro ambiental recordó que cada orden de gobierno tiene definida mediante leyes y reglamentos la labor que le compete, por ejemplo: en el caso de los municipios tienen la responsabilidad de supervisar el manejo adecuado de los Residuos Sólidos Urbanos.

Los cuales se generan principalmente en el uso doméstico, comercio o servicio con una generación menor a 10 toneladas anuales, mientras que arriba de dicha cantidad se vuelve de competencia estatal, abundó.

“Esto implica desde su recolección, el traslado y la disposición de los mismos, garantizando que su destino de disposición final cumpla con las normas solicitadas para no dañar el medio ambiente ni generar impacto en la salud pública del entorno”, expresó.

Por otra parte, Marisol Montaño explicó que el Estado tiene como responsabilidad el supervisar la recolección, traslado y disposición de Residuos de Manejo Especial los cuales son aquellos generados por procesos productivos que no reúnen las características para ser peligrosos.

“Aquí entran residuos como cartón, plásticos, llantas entre otros, y también debe de garantizar que no se vea afectado el entorno cuando estos sean depositados ya sea en sitio de disposición temporal para su tratamiento o transformación, así como en un sitio de disposición final según sea el caso, o en su defecto sancionar de forma inmediata a quienes estén provocando un daño ambiental y de salud pública”, dijo.

La activista recordó que el gobierno estatal cuenta con un padrón de más de 300 empresas autorizadas para prestar el servicio relacionado a la atención de residuos de manejo especial, mismas a las que se les debe de dar un seguimiento puntual sobre el fin que tienen los desechos con los que están trabajando.

“Pero no solamente es algo que debe permanecer en leyes y reglamentos, las diferentes dependencias deben conocer qué es y hasta dónde les compete el seguimiento y supervisión de estos desechos, es una responsabilidad compartida entre generador, transportista, receptor de residuos y el órgano de supervisión de que esto se lleve a cabo correctamente”, señaló Montaño.

Por su parte, la Licenciada Ana Isabel Rosas, asesora jurídica ambiental de la asociación civil Hagamos Conciencia, recordó que recientemente se reformó la Ley de Protección al Ambiente en su artículo 9 fracción XXXVII, en cuanto a las atribuciones que tiene el municipio sobre el manejo de residuos.

Lo anterior significa que además de regular y aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación generada por fuentes móviles, así mismo, para los sistemas de recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, ahora podrán identificar los que dentro de su competencia, puedan ser sujetos a planes de manejo.

La especialista detalló que esta reforma o adición al artículo 9 fracción XXXVII, no hace un cambio, simplemente agrega una oración que refuerza lo que en las leyes federales en materia de residuos ya contemplaba desde hace tiempo añadiéndolo a la ley ambiental estatal

“Por ejemplo, se debe de contemplar la emisión de un Reglamento de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de Residuos del Estado de Baja California, este reglamento ha sido inexistente inclusive desde la ya abrogada Ley para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos Sólidos”.

Finalmente, las activistas destacaron que se debe de dar paso a las políticas y propuestas públicas al prestar atención a las recomendaciones de las mesas de trabajo que existen actualmente, prestando una mayor atención a aquellas personas que dominan la materia llevando las soluciones al campo y no solamente quedando plasmados en acuerdos firmados.