El Gobierno de México ha dicho al de EU que es esencial impedir la fabricación y el tráfico de esas armas ya que son parte de la violencia en México
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aseguró que continuará acciones en contra de seis de ocho empresas fabricantes de armas cuyos productos se venden e ingresan de manera ilícita en territorio mexicano para armar a las bandas del crimen organizado.
Además, la Cancillería dijo que está analizando si demanda a las armerías pero en otras cortes estadounidenses.
En julio de 2023, un equipo legal del Gobierno indicó que seguía con los litigios contra la industria armamentista estadounidense en una corte de apelación en Boston (Massachusetts) después de que un juez desechara la demanda por la que pedía una indemnización de 10 millones de dólares.
Este miércoles, un juez del Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts desechó la demanda de México, al argumentar que no tiene jurisdicción para evaluar la responsabilidad que la Cancillería atribuye a las seis fabricantes de armas (Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock y Strum, Ruger) al lucrar con el comercio ilícito de armas que ingresan ilícitamente a territorio mexicano.
“El Gobierno de México toma nota de la decisión de este miércoles del juez federal de Boston sobre la demanda judicial emprendida por nuestro país. Al tratarse de una estrategia de litigio amplia, se analizarán los siguientes pasos a seguir”, indicó la SRE en un comunicado.
La Cancillería dijo que “es importante destacar que la demanda de México en Boston continúa en contra de dos empresas: Smith and Wesson e Interstate Arms”, y que esa decisión “no afecta la demanda contra estas dos empresas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas”.
Además, precisó que “las acciones contra estas seis empresas continúa. México está analizando, entre otras acciones, si se presenta una apelación o se demanda en otras cortes estadounidenses”.
Desde octubre de 2020, el Gobierno mexicano inició un litigo contra varias vendedoras de armas y argumentó que, según datos de trazabilidad, “facilitan el tráfico de armas de alto poder” al país con las cuales se arman las bandas del crimen organizado.
El Gobierno de México ha dicho al de Estados Unidos que es esencial impedir la fabricación y el tráfico de esas armas ya que son parte de la violencia en México y de los miles de homicidios, feminicidios y desapariciones.