MEXICALI.- La reciente implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares marcó un momento crucial en la transformación del sistema de justicia en México. Este cambio, producto de la reforma constitucional al artículo 73, otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar.

La iniciativa, conocida como Solución del fondo del conflicto y competencia legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares tiene el objetivo de mejorar el acceso a la justicia en México.

“Esta legislación representa un cambio significativo para la justicia en México. Su implementación busca agilizar los procesos judiciales y garantizar el respeto a los derechos humanos, lo cual es fundamental para una justicia equitativa”, comentó al respecto la Dra. Amanda Real, docente de tiempo completo de la Escuela de Derecho de CETYS Universidad Campus Mexicali.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incluye innovaciones que prometen un cambio estructural en la impartición de justicia, destacando los siguientes puntos:

1.- Respeto a los Derechos Humanos: Se enfatiza en el respeto a los derechos humanos, asegurando una justicia equitativa y protegiendo los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en un proceso legal.

2.- Juicios Orales: Se establece un cambio en la forma de tramitar los procesos judiciales a través de la modalidad de juicios orales, eliminando formalismos excesivos y buscando mayor agilidad y efectividad en los procesos judiciales.

3.- Justicia Digital: Se contempla la posibilidad de tramitar procedimientos con el apoyo de tecnologías de comunicación e información, creando expedientes electrónicos y emitiendo comunicaciones procesales de manera electrónica con una firma digital autenticada.

4.- Justicia Alternativa: Se impulsa a que las partes puedan resolver sus conflictos de manera autónoma sobre derechos que puedan disponer libremente en cualquier etapa del procedimiento. En materia familiar, se ofrece la opción de procedimientos de justicia restaurativa, siempre y cuando no exista violencia.

5.- Protección de los Derechos de las Mujeres: Se define el concepto de violencia vicaria hacia las mujeres y se dispone la obligación de las autoridades jurisdiccionales de salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitando la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La implementación de estas innovaciones requerirá esfuerzos conjuntos de todos los sectores, incluyendo la asignación de presupuesto estatal para crear la infraestructura necesaria y la capacitación continua de los operadores de justicia, usuarios de estos servicios y futuros profesionales del derecho, explicó la experta CETYS.

Cabe mencionar que la entrada en vigor de este ordenamiento será gradual, conforme a la solicitud que deba realizar el Poder Judicial de cada entidad federativa al Congreso Local, sin que pueda exceder del 1 de abril del 2027, según lo estipulado en el artículo segundo transitorio.

La publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa retos significativos para la formación jurídica en el país, pero también proporciona vías de acceso más cercanas y efectivas para resolver conflictos civiles y familiares, finalizó la académica.