CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Justicia, que preside la diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN), aprobó tres dictámenes sobre reformas a diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Civil Federal y otros ordenamientos jurídicos, así como una opinión en sentido positivo a una iniciativa que modifica la Ley Orgánica de la Armada de México y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por mayoría de 22 votos, avaló el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de no revictimización en el ámbito penal de la impartición de justicia.

El resolutivo propone implementar medidas de no revictimización hacia los testimonios de los menores de edad para el sistema penal; señala que el órgano jurisdiccional deberá ordenar, bajo la ayuda de familiares, el auxilio de animales de apoyo emocional y de expertos en psicología infantil.

Igualmente, en el supuesto de algún conflicto de interés entre el familiar y la parte involucrada, el juzgador deberá establecer las medidas necesarias para cuidar su imparcialidad, así como la posibilidad de sustituir al familiar que auxiliará en la recepción del testimonio.

También se deberán utilizar técnicas audiovisuales para evitar confrontaciones con el acusado o sus familiares para cuidar la salud mental y se deberá recoger el testimonio a lo más cercano posible al evento.

Por otro lado, se establece que los menores de edad deberán testificar desde las instalaciones del DIF local o su equivalente, utilizando tecnología de transmisión y con apoyo del personal de ese organismo; se deberá realizar una evaluación psicológica y acompañar al menor durante el proceso judicial.

Respecto al desahogo de pruebas, el juez dará oportunidad que en las audiencias de control judicial que las partes planteen preguntas bajo la opinión de un experto presente. Se designará a un familiar para otorgar acompañamiento durante el testimonio y obtención de la prueba.

El menor de edad no intervendrá durante el principio de la audiencia y se deberá hacer un interrogatorio adecuado sin sugerencias. Finalmente, la audiencia se grabará en video como prueba anticipada para procurar no repetir el testimonio.

Con igual número de votos, la Comisión aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 del Código Civil Federal, con la finalidad de establecer la obligación de los abuelos a declarar el nacimiento de sus nietos, a falta de los progenitores, y considerar a quienes asistieron en el parto o a las jefas de familia como sujetos obligados de dar aviso del nacimiento al juez o jueza del Registro Civil.

Asimismo, la instancia legislativa avaló por 22 votos, el dictamen en sentido positivo que reforma y deroga disposiciones de diversos ordenamientos jurídicos, en materia de homologación normativa, relativa al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Propone la reforma de 71 ordenamientos jurídicos para homologar sus remisiones normativas a los términos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Adicionalmente, se sugiere que el proyecto de decreto conlleve un Régimen Transitorio que supedite la entrada en vigor de la homologación a las respectivas declaratorias que realicen los congresos locales y el Congreso de la Unión, respecto al Código Nacional.

Avala opinión a iniciativa

También, aprobó por 18 votos a favor, cero en contra y una abstención, su opinión en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de combate a la delincuencia marítima.

Asimismo, modifica la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal.

En la sesión, se expuso que actualmente los presuntos infractores puestos a disposición del Ministerio Público, por parte de la Secretaría de Marina, quedan en libertad con frecuencia, debido a la ausencia de un marco jurídico apropiado para su procesamiento.

En este contexto, la iniciativa propone armonizar la legislación en materia de combate a la delincuencia marítima para hacerla acorde con los estándares establecidos por las normativas internacionales y permitir una mejor persecución de delitos.