MEXICALI.- Con base en la presentación de elementos de prueba sólidos y argumentos contundentes, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró sentencias condenatorias en contra de una mujer y un hombre, responsables de cometer fraudes específicos.

Mediante procedimientos abreviados, los agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad Estado y Justicia, lograron que los sentenciados aceptaran su participación en los delitos de los que fueron acusados.

En el primer caso a describir, Brenda Inzunza Hernández aceptó su participación en el delito ocurrido el 17 de Agosto de 2016, en una negociación ubicada en calzada Carranza de la colonia Rivera, cuando celebró con el propietario un contrato con interés y garantía prendaria (préstamo), por la cantidad de 13 mil 500 dólares.

Por la celebración del contrato dejó como garantía una Suburban modelo 2015, presentando una factura donde se acreditaba como la supuesta propietaria, sin embargo, durante el trabajo de investigación se estableció que realizó esta operación sin autorización, debido a que la camioneta era propiedad del Corporativo Gaviotas S.A. de C.V.

Respecto al segundo procedimiento abreviado, se señaló que el 12 de Mayo de 2016, Sergio Antonio Guardado, en complicidad con otra persona vendieron un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villa Toledo, entregando la víctima en ese momento una fuerte suma por “apartarlo”.

Celebrando un contrato de compraventa del inmueble a pesar de no tener autorización debido a que dicho predio le pertenece a una institución bancaria, obteniendo de esa manera un lucro indebido en detrimento del patrimonio de la víctima.

Por los hechos anteriores, se logró en contra de Brenda Inzunza una sentencia de 4 años de prisión, además, deberá pagar 13 mil 500 dólares por la reparación del daño. Mientras que, Sergio Antonio Guardado fue sentenciado a 4 años y 7 de meses de cárcel y al pago de 600 mil pesos como reparación del daño.

Con la obtención de estas sentencias, la Fiscalía General del Estado reafirma el compromiso de presentar carpetas de investigación con los elementos suficientes para dejar en prisión a las personas que cometen delitos que afectan el patrimonio de los ciudadanos de Baja California.