TIJUANA.- “Una ley que no puede implementarse, termina siendo una ley inútil, sin impacto en la mejora de la gestión ambiental”, señaló el director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental A.C. (CIGA) José Carmelo Zavala Álvarez, al referirse a la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos de Baja California, publicada en Febrero de 2021.

“Esta Ley no tiene un fundamento jurídico sólido, no mejora la gestión ambiental, por el contrario, su aplicación puede traer incluso responsabilidades legales a los funcionarios públicos”, señaló.

El director del CIGA, explicó que esta legislación deja en el limbo algunas definiciones de residuos de manejo especial y los procedimientos de inspección y vigilancia, lo que ocasiona que abogados especialistas en derecho ambiental logren invalidar fácilmente las acciones de gobierno derivadas de este estatuto.

La actual administración estatal, consciente de estas lagunas legales, inició talleres de participación para modificar y corregir en lo posible esta regulación ambiental aprobada por la XXIII Legislatura del Congreso del Estado, desafortunadamente a dos años no ha ocurrido nada, el proyecto está estancado en el área jurídica entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

José Carmelo Zavala, destacó la importancia de una regulación correcta en el área de residuos y economía circular en la entidad, se inclinó por una ley mejor definida y de posible aplicación. El ingeniero bioquímico preciso que debe establecer claramente que la economía circular no se limita a residuos o reciclaje, porque, dejar estos conceptos mal abordados o sin definir, es una trampa.El especialista en temas ambientales dijo que residuos y reciclaje es sólo una parte de la economía circular, antes se debe considerar el ecodiseño de productos y servicios para el posconsumo; se debe tomar en cuenta también la importante aportación del sector comercio estatal para ampliar el ciclo de vida de los productos, especialmente de la Canaco Tijuana.

“Me parece que vale la pena que esta regulación estatal, norme para facilitar, formalizar y reconocer la aportación de servicio ambiental que hace el comercio de segunda mano, y entonces miraremos con otros ojos, no estigmatizados, al comercio de llantas usadas, el de vehículos usados, yonkes, segunda mano de blancos y electrónicos, etc.”, destacó.

Egresado del programa LEAD por el Colegio de México, José Carmelo Zavala, aseguró que, en Baja California, podría haber 300 empresas con registro para residuos de manejo especial que mueven aproximadamente un millón de toneladas de estos materiales que son más fáciles de reciclar.

Consideró de vital importancia que el Gobierno de Baja California, termine de afinar el proyecto de reforma de ley para que se ponga en manos de los diputados, quienes tienen la tarea de legislar en favor de los bajacalifornianos y así, contar con una regulación adecuada y que se pueda implementar.