También se presentó el modelo “Homologado de Justicia Cívica y Cultura de la Legalidad para los municipios de México”
MEXICALI.- Este 26 de octubre con el propósito de reducir la incidencia de los delitos de carácter patrimonial, la presidenta municipal Norma Bustamante acompañada de la directora general de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública Rosa Estela Silva Zapata e integrantes de la mesa de coordinación territorial para la construcción de la Paz y la Seguridad en Mexicali pusieron en marcha el operativo “Rubicón”.
“Desde que iniciamos esta administración le hemos apostado a las mesas de coordinación con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, la cual es reconocida a nivel nacional y el día hoy estamos arrancando con el operativo Rubicón a fin de disminuir los robos de comercio y de vehículos”, manifestó la alcaldesa de Mexicali.
En ese sentido, explicó que se enfocarán en atender las zonas del oriente, poniente y central de la ciudad, bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con quienes analizarán los resultados para buscar implementar este modelo en abatir otros delitos.
Norma Bustamante, agregó que se han realizado un total de 46 mesas de coordinación y 6,400 operativos de fortalecimiento de la seguridad, destacando la unión de esfuerzos para lograr estrategias como este nuevo operativo.
Posteriormente, las autoridades llevaron a cabo el banderazo de arranque en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Mexicali, siguiendo el programa con una reunión de impulso al modelo “Homologado de Justicia Cívica y Cultura de la Legalidad para los municipios de México”.
En donde, la directora general de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Rosa Estela Silva Zapata indicó que este modelo ofrece a los oficiales de policía un enfoque de actuación distinto al tradicional, el cual que va más allá de la labor de reacción frente a un problema de seguridad pública.
Señaló que, buscan transitar del proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas hacia la incorporación de una visión de justicia cívica que facilite y mejore la convivencia en una comunidad, a fin de evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.