MEXICALI.- El procedimiento de juicio político, es esencial para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, debido a que cuando un funcionario público comete actos que atentan contra ellos, es una vía legal que permite su destitución, y en su caso su enjuiciamiento penal.

Así lo señaló el diputado Román Cota Muñoz en la exposición de motivos de su Iniciativa para crear la Ley de Juicio Político para el Estado de Baja California, la cual comprende de 39 artículos, integrados en nueve capítulos y dos artículos transitorios.

Según expuso, es imperativo que se promulgue una ley estatal que regule el procedimiento de juicio político; en donde se establezcan claramente los procedimientos, plazos y responsabilidades de todas las partes involucradas, a fin de garantizar un proceso justo y transparente.

Al hacerlo, Baja California fortalecerá su democracia; protegerá los derechos de sus ciudadanos y reforzará la confianza en sus instituciones públicas, resaltó el legislador del Partido Morena.

Un estado democrático -dijo- se fundamenta en la participación activa de los ciudadanos y en la existencia de un sistema de pesos y contrapesos.

En ese sentido , sostuvo que el juicio político es un mecanismo que contribuye a este equilibrio, ya que permite controlar y sancionar posibles abusos de poder, por parte de los servidores públicos.

Por ello, al establecerlo en una norma positiva vigente, inspirará confianza en la ciudadanía, ya que demostrará el compromiso del estado de Baja California, en mantener un gobierno transparente, ético y responsable.

Y con ello, los ciudadanos deben tener la certeza de que los servidores públicos que actúan en contra de los intereses del pueblo, serán llevados ante la justicia, destacó.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 108 establece que los servidores públicos pueden ser sometidos a juicio político. Y a nivel internacional, México ha ratificado diversos tratados internacionales que establecen la obligación de proteger los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas, como lo es la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americano (OEA), y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

De igual manera en materia judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido jurisprudencia en casos relacionados con el juicio político, estableciendo precedentes importantes sobre cuestiones como la competencia de las legislaturas locales para llevar a cabo el juicio político y los procedimientos que deben seguirse para garantizar un debido proceso. por conductas que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, o de su buen despacho.