ENSENADA.- El secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California (STPS),  Alejandro Arregui Ibarra, acompañó a 63 trabajadoras y trabajadores de la empresa KH Yellow al Tribunal Laboral ubicado en Ensenada a presentar una demanda, debido a que el centro laboral donde se desempeñaban cerró sus puertas, dejándolos sin empleo, ni liquidación, por lo que recibieron asesoría, así como representación de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Arregui Ibarra les informó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, está al tanto de lo sucedido y le pidió un puntual seguimiento, por ello, desde el inicio de la denuncia y petición de las y los trabajadores, estos han contado con el apoyo de la STPS, ya que no se permitirá el atropello a sus derechos.

Informó que llevaron dicho asunto ante los tribunales laborales después de haber agotado el procedimiento de conciliación a la cual fue citada la empresa, pero no se llegó a un acuerdo de conciliación.

“Les vamos a hacer justicia, que no tengan duda, al juez laboral del caso, le expresamos nuestro sentir y que la empresa pretendió y pretende dejar a sus empleados sin su trabajo, sin su liquidación e indemnización que por ley les corresponde”, declaró.

Mencionó que el Poder Judicial, a través de su Tribunal de Justicia Laboral, será el encargado de decidir, deliberar y determinar lo que por derecho corresponda, ya que serán ellos los encargados de emitir la resolución correspondiente.

“Hacemos un puntual y atento llamado a las y los trabajadores a que no se dejen engañar, para eso está el gobierno de Marina del Pilar, y la Secretaría del Trabajo a mi cargo, para hacer valer sus derechos y asesorarlos de manera oportuna”, señaló.

Además, puntualizó que este gobierno está en comunicación y sinergia con la finalidad de resolver las injusticias, por lo que próximamente anunciarán una iniciativa para realizar una reforma, misma que se presentará en el Congreso del Estado, y que busca endurecer las penas contra las empresas “golondrinas”, representantes legales y personas ventajosas que pretendan eludir los derechos de las y los trabajadores.