ENSENADA.- Antes de que el Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) continúe con su dinámica recaudatoria e intimidatoria en todo el estado, debería de conformarse jurídicamente en su totalidad, porque hoy en día, su constitución es incompleta y su operación, fuera de la ley, afirmó el abogado Humberto Valdés Romero, presidente de la Federación de Transporte y Experiencias en Rutas Vinícolas.

Es increíble, dijo, que -las patrullitas- del IMOS estén cazando unidades que están trabajando en el -Tramo de la Muerte- en Ensenada, esta obra retrasada, que afecta a más de 40 mil usuarios diariamente y que los inspectores detengan a los camiones que transportan material para la obra, tratando de encontrar lo que sea para multar, para mandarles a la grúa, generando más demoras, pérdidas y graves problemas a la movilidad en Ensenada.

Valdés Romero explicó que el IMOS trabaja al margen de la ley, ya que cuando fue creado, se derogó la Ley Estatal de Transporte Público de Baja California, y se creó la Ley de Movilidad Sustentable de Baja California, en ese momento, los reglamentos municipales, quedaron derogados también, creando la necesidad de que los ayuntamientos, crearan los nuevos reglamentos, lo que no ha sucedido.

Esta realidad, subrayó, ha mantenido la movilidad en Baja California, desde que llegó Jaime Bonilla como gobernador, en una asignatura pendiente, que le resta competitividad día a día a un sector económico que genera más de 30 mil empleos directos y 120 mil indirectos en la entidad.

El líder transportista refirió que, en Ensenada, son más de 8 mil unidades las que se ven afectadas por la dinámica de trabajo recaudatoria e intimidatoria del IMOS, donde las empresas y los sindicatos están unidos para iniciar un proceso de reclamo para evitar que los inspectores continúen en la “cacería” de unidades, buscando multar, sin fundamento jurídico.

Hizo un llamado a los alcaldes y cabildos del Estado, para que atiendan urgentemente la necesidad de crear los reglamentos municipales para darle certeza jurídica al actuar del IMOS y evitar que se venga una ola de amparos contra los actos que realiza el organismo estatal.

Agregó que otra asignatura pendiente del IMOS, tiene que ver con los legisladores estatales, quienes no han armonizado la Ley Estatal de Movilidad, con la Ley Federal de Movilidad, lo que le resta fuerza al Instituto.

Puntualizó que en el proceso en el que se encuentran, arrancará un proceso jurídico para que los ayuntamientos hagan su trabajo, para que los legisladores armonicen la ley estatal y para que el Instituto deje de actuar en un espíritu eminentemente recaudatorio, más que de apoyo a la movilidad en Baja California.