ENSENADA.- Por omisiones cometidas en perjuicio de sus agremiados, el Sindicato de Burócratas sección Ensenada presentó a la Fiscalía General del Estado de Baja California, una denuncia penal en contra del XXIV Ayuntamiento, por falta de pago de retenciones a los salarios de los trabajadores y entero de apoyos derivados de las condiciones generales de trabajo.

El secretario general, Juan José Villalobos Millán, comentó que por la vía del diálogo con el alcalde Armando Ayala Robles, no hubo acuerdos, por lo que fue necesario en primera instancia, acudir a Sindicatura Municipal e interponer una denuncia por faltas administrativas, al no existir respuesta, se presenta esta última denuncia a la Fiscalía.

El líder sindical explicó que, el Ayuntamiento mantiene este adeudo, por concepto de retenciones a los rubros de Cuota Sindical, Caja de Ahorros, Caja de Préstamos, Fondo Funerario, Multas, Aportación por Nuevo Ingreso y Descuento Sindicato, así como falta de entero por concepto de Fondo de Ahorro y Apoyos Económicos para Festejos, Deportes, Prótesis, Guardería y Apoyo para el Festejo del Día Nacional del Bombero, mismas que no han sido enteradas al Sindicato.

Cabe mencionar que, los referidos apoyos o subsidios (Apoyo Ahorro, festejos, deportes, prótesis, guardería y festejo del Día Nacional del Bombero) como partes integrales de las Condiciones Generales de Trabajo, y que corresponden a Servicios Profesionales, los mismos fueron autorizados y aprobados en su momento en el correspondiente presupuesto de egresos, de manera que el Ayuntamiento, a estas alturas, ya debe contar con el capital económico para ejercer dichos apoyos, no obstante, año tras año se ha dedicado a no enterarlos al Sindicato, desconociendo el destino que se les ha dado a los mismos.

Detalló que el incumplimiento parcial o total, no solamente acarrea el incumplimiento a las condiciones Generales de Trabajo, sino que también implica consecuencias de carácter penal y de responsabilidad administrativa, pues el actuar omisivo por parte del Ayuntamiento a través de sus funcionarios y representantes, encuadra en varios delitos contemplados en el Código Penal para el Estado de Baja California, mismos que son sancionados con privación de la libertad y con multa, además de las sanciones administrativas que podrían recaer hasta la inhabilitación.