MEXICALI.-  Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), detuvieron en la ciudad de Mexicali a tres hombres que estaban armados al momento de ser intervenidos; además, se confirmó que a uno de los sujetos asegurados se le giró una orden de aprehensión recientemente por el delito de Lesiones y Robo de Vehículo.

Fue en las inmediaciones de la colonia Palmar de Orizaba Poniente, en donde se tuvo a la vista un vehículo Honda Civic de color negro 2009, sin placas de circulación que era conducido a exceso de velocidad en una zona de tránsito lento; luego de darle alcance se le indicó al chofer con códigos y sirenas que detuviera la marcha del motor, sin embargo, las instrucciones fueron desestimadas, provocando una corta persecución que culminó en la calzada Continente Europeo entre la calzada Manuel Gómez Morin y calle Palma Verde.

En la intervención Gustavo “N”, de 42 años; Joel Bernardo “N”, de 28 años, ambos originarios de Guamúchil, Sinaloa y César Iván “N”, de 37 años, originario de Culiacán, Sinaloa, se mostraron evasivos a los cuestionamientos, por lo que se les pidió que descendieran del carro, a fin de realizar una inspección de forma precautoria.

Tras llevar a cabo una revisión corporal de rutina, los oficiales de la FESC descubrieron que el sujeto identificado como César Iván “N”, llevaba fajada en la zona de la cintura un arma de fuego corta tipo pistola calibre .9 milímetros, abastecida en el cargador con 11 cartuchos útiles, también de calibre .9 milímetros.

Por otra parte, al ingresar los datos para verificar el estatus legal de cada uno en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4), se confirmó que Gustavo “N”, tiene en su contra un mandato judicial activo en Baja California por el delito de Lesiones y Robo de Vehículo, bajo el NUC: 102002202209689 con fecha de registro del día 10 de julio del año 2023.

Debido a lo anterior, se les colocaron candados reductores de movilidad en las manos y se les dio lectura a la cartilla de derechos constitucionales; posteriormente los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad correspondiente en determinar su situación jurídica por estos hechos.