Tres sujetos fueron sentenciados a una pena individual de 56 años de prisión por matar a un agente de la Guardia Estatal de Seguridad, el 22 de enero del 2020, en un puesto de hot dogs sobre el bulevar Díaz Ordaz
TIJUANA.- Derivado de una coordinada y efectiva investigación penal por parte del agente del Ministerio Público, agentes estatales de investigación y peritos expertos en sus respectivas áreas, la Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia de 56 años y 3 meses de prisión para tres hombres que fueron encontrados culpables del delito de homicidio calificado con ventaja y homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.
Los homicidas sentenciados responden a los nombres de Brian Salvador Rocha Rojo, Juan Manuel González Velásquez y Cristian Alejandro Zamudio Martínez.
De acuerdo a la carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, el 22 de enero de 2020, a las 23:33 horas, los antes mencionados circulaban a bordo de un vehículo tipo camioneta de la marca Honda Pilot, color guinda, sin placas, sobre el bulevar Diaz Ordaz y bulevar Bernardo O’Higgins.
Quienes al tener a la vista a cinco oficiales de la antes llamada Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), los cuales se encontraban en un puesto de hot dogs, desde el interior de la camioneta Honda comenzaron a dispararles con diversas armas de fuego que portaban tipo AK-47 y carabina R-15, realizando disparos en contra de los oficiales, a quienes les provocaron diversas lesiones por disparos de proyectil de armas de fuego, así como también al propietario del puesto de comida.
A consecuencia de esta agresión, cuatro de los agentes resultaron con diversas lesiones, mientras que el de nombre Marco Antonio falleció en las instalaciones de la Cruz Roja tras sufrir edema cerebral secundario a herida perforante de cráneo por disparos de proyectil de arma de fuego.
Mientras que el propietario del puesto de hot dogs, identificado como Jesús Héctor, falleció en las instalaciones del Hospital General derivado de choque hipovolémico secundario a herida perforante de grandes vasos del miembro pélvico derecho e izquierdo por disparos de proyectil de arma de fuego.
Una vez que los hoy sentenciados dispararon en contra de las seis víctimas huyeron a bordo de la misma camioneta provocando una persecución, en cuyo trayecto dispararon en reiteradas ocasiones en contra de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sin lograr lesionarlos.
A la altura de la calle Río Jordán y Río Rodan de la colonia 18 de Marzo, fueron asegurados. A Brian Salvador se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo carabina R-15, calibre .223, dotada con un cargador y abastecida con un cartucho útil en la recámara y 15 cartuchos útiles en el cargador calibre .223. También se le encontró un chaleco táctico antibalas. A Cristian Alejandro se le aseguró un arma de fuego tipo fusil de asalto AK-47 con un cargador, abastecida con un cartucho útil en la recámara y 17 cartuchos útiles en el cargador calibre 7.62x39, además de un chaleco táctico antibalas. A Juan Manuel se le encontró una llave de color plateado de las que se usan para abrir y cerrar candados tácticos conocidos como esposas.
Tras lo sucedido, el día 5 de junio de 2023, se dio inicio al debate de juicio oral, relativo a la causa penal 195/2020, el cual fue presidido por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento.
Durante el debate, esta Fiscalía aportó pruebas concluyentes, las cuales fueron suficientes para que el juzgador, en fecha 20 de junio, emitiera un fallo condenatorio en contra de los acusados por el delito de homicidio calificado con ventaja y homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa. La sentencia estableció una pena correspondiente a 56 años y 3 meses de prisión, así como una cantidad de 855 mil 038 pesos por concepto de reparación del daño.
Con este resultado contundente, se refrenda el compromiso del Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, de garantizar que los homicidas queden tras las rejas y paguen penalmente las consecuencias de sus acciones. En Baja California no se tolera, ni se tolerarán los actos en los que se atente contra la vida de una persona.