Por existir un medio de impugnación en la Sala Regional de la primera circunscripción plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ENSENADA.- El pleno del Cabildo de Ensenada en sesión extraordinaria, aprobó el dictamen 001/2023 de la comisión conjunta de Administración Pública y Fortalecimiento Municipal y la de Derechos Humanos y Equidad de Género, respecto al oficio No. TJEBC-SGA-178/2023 del Tribunal Estatal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, relativo al Acuerdo Plenario en el expediente PS-01/2023, respecto al procedimiento especial sancionador promovido por Brenda Aracely Valenzuela Tortoledo.
El primer punto resolutivo aprobado establece que la comisión conjunta de Administración Pública y Fortalecimiento Municipal y la de Derechos Humanos y Equidad de Género se encuentra impedida jurídicamente para resolver de manera definitiva el asunto en mención hasta en tanto no se dicte una nueva resolución por la autoridad competente.
Lo anterior en virtud, de que se interpuso, por Valenzuela Tortoledo, un medio de impugnación de oficio para la protección de los derechos político electorales, radicado en la sala regional de la primera circunscripción plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del acuerdo plenario del Tribunal Estatal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.
De conformidad en la normatividad vigente y por ser tema que atañe directamente al alcalde Armando Ayala Robles y a la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo, ambos ediles se excusaron de votar este dictamen.
El pasado 9 de noviembre del 2022 en sesión de Cabildo y tras reflexiones de votaciones de un punto de acuerdo, entre ellas la de la regidora Brenda Valenzuela -en contra-, el alcalde tuvo su turno y expresó: "entonces tienen ustedes que comprender que hay que estudiar, hay que prepararse, un día yo le pregunté a una amistad que tengo en uno de los partidos de oposición que ahorita están saliendo a opinar y le dije oye por qué tus amistades o tus correligionarios siempre están todo en contra, enojados, pataleando y haciendo berrinches y me dice no pues Armando lo que pasa es que por eso les pagan, ah caray como está eso?, sí, por eso les pagan por ir a hacer su numerito ahí al Cabildo, nombre le dije pues yo quisiera un trabajo de esos también, bueno pues hasta a veces los mismos compañeros al interior del partido se ríen... bueno siempre hay que buscar la felicidad, por eso es bueno estar bien con la pareja, es bueno hacer el amor, ¿verdad?, lo más que se pueda en la semana, porque eso también le da a uno felicidad, eso también motiva, eso también pone de buenas, pone con buena actitud y ya es otra la situación, hasta uno saluda mejor y demás, entonces también eso hay que atenderlo, verdad?, yo los felicito a todos por tratar de ser felices y hacer felices a los demás, Armando Ayala Robles a favor de la felicidad. (a favor) ...”.
Tras las declaraciones, la regidora panista denunció al alcalde ante el IEEBC por violencia política en razón de género.
Al respecto, el presidente municipal aseveró que como servidor público, siempre ha estado consciente de la enorme responsabilidad que entraña cumplir y hacer cumplir la ley, además de que entiende el derecho a la libertad de expresión, como un derecho fundamental para la construcción de una sociedad democrática y plural dónde se respeta toda clase de expresión por parte de las y los ciudadanos en general.
“En el caso concreto, de la resolución de éste dictamen, me permito invitar a las y los presentes a reflexionar acerca del umbral de protección con el que contamos las y los servidores públicos respecto a nuestras manifestaciones públicas, o respecto de aquellas, en las que se nos involucre y que no necesariamente compartamos”, comentó.
Ayala Robles expresó que “al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos Herrera Ulloa contra Costa Rica; y Kimel contra Argentina los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna.
Por último, manifestó que seguirá actuando conforme a derecho, reiterando mi plena disposición para coadyuvar con las autoridades, manifestando en todo momento mi respeto a las resoluciones que éstas emitan.