MEXICALI.- Un desvío de recursos por más 90 millones de pesos en el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) en Baja California , son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer la secretaria de la Honestidad, Rosina del Villar.

La denuncia, apuntó la funcionaria, tiene que ver con el desvió de recursos por más de 90 millones de pesos en la compra de uniformes escolares en un periodo en el que no había clases debido a la pandemia del Covid-19.

Uniformes, apuntó Rosina del Minar, que no hay constancia de haber sido recibidos y que se compraron a un solo proveedor.

La funcionaria dijo que el pedido que nunca se entregó fue cubierto con una transferencia electrónica  por 31 millones de pesos al proveedor.

Son cuatro los exfuncionarios del ISEP involucrados este presunto desvió de recursos públicos, todos ellos laboraban en en el área de Administración de la dependencia.

Uno de ellos, fue quien firmó la factura correspondiente sin haber recibido los uniformes escolares.

Estos mismos presuntos responsables también están involucrados en otro caso denunciado por desvió de recursos públicos en la compra e instalación de 6 mil lavabos, de los cuales hacen falta 3 mil 400, lo cual se traduce en un quebranto por 66 millones de pesos.

En estos casos, agregó Rosina del Millar, están involucrados suele proveedores y 15 servidores públicos.

Rosina del Villar aseguró que en estos presuntos ilícitos no está involucrado ni es investigado el actual secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, y quien fungió como secretario de Educación en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, periodo en el que se cometieron los presuntos desvíos de recursos públicos.

Durante la conferencia “Miércoles de Mañanera” de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se informó que se han presentado al menos 20 denuncias penales tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República por irregularidades en la compra de medicamentos con sobre precio así como en la adquisición de lavamanos y uniformes, sucedidas en la administración estatal transcurrida entre 2019 y 2021.

La gobernadora Marina del Pilar destacó que en lucha contra la corrupción y la dignificación del servicio público ha sido fundamental el trabajo que ha realizado la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ya que su titular, Rosina del Villar, se dio a la tarea de definir un plan de trabajo, poner orden jurídico y administrativo, entablar estrategias de defensa, fiscalización y auditoría, así como otras actividades para encauzar, por primera vez en la historia del Estado, un auténtico combate a la corrupción en Baja California.

“Cuando asumimos la administración, nos encontramos graves fallas en la operación de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, que no tenía dirección, ni un plan de trabajo, no había una estrategia jurídica ni tampoco un sistema de integración de expedientes. Tampoco se evaluaban los resultados ni se realizaban auditorías.”, abundó.

Resultado de las acciones implementadas, se han ejecutado 42 auditorías a dependencias con 326 observaciones, de las cuales 77 han sido solventadas, 46 han sido aclaradas, 152 no solventadas, 46 turnadas a investigación y cinco en proceso de turnar a investigación. También hay 12 mil 604 expedientes de investigación activos, de los cuales cuatro mil 612 corresponden a asuntos de situación patrimonial.

Se han atendido dos mil 631 asuntos abiertos en atención ciudadana y se han instalado 232 comités de contraloría social, para lo cual se cuenta con un convenio con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México. Se da cuenta también de 314 procedimientos de responsabilidad administrativa y se han puesto en marcha 129 sanciones impuestas, entre las cuales destacan nueve suspensiones y 12 inhabilitaciones. A esto se suman 32 expedientes que han sido turnados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que sea el Poder Judicial el que determine las sanciones.

La secretaria Rosina del Villar agregó que la dependencia a su cargo impulsa la participación de la ciudadanía en estas acciones, a través de las contralorías sociales, donde no solamente son testigos de la atención a las denuncias que se han presentado, sino que además han tenido la oportunidad de denunciar las irregularidades que se han registrado en las obras y en los programas sociales.