MEXICALI.- El ex secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, y cuatro de sus colaboradores fueron denunciados penalmente por la adquisición irregular de medicamentos para atender la pandemia del Covid-19, en el años 2021.

El consejero jurídico del Gobierno de Baja California, Juan José Pon, reveló que la semana pasada fueron presentadas ocho denuncias penales contra el exsecretario de Salud, Alonso Óscar N, apodado por el exgobernador Bonilla como el “Doctor Querendón”.

Las denuncias incluyen a otros exfuncionarios de Isesalud, por hechos ocurridos en el 2021 relacionado con procedimientos de adjudicación en forma irregular y pago de sobre precio en la compra de medicamento para atender la pandemia del Covid-19.

Amparados en un decreto emitido por el Gobierno Federal para atender la emergencia de la pandemia, los exfuncionarios involucrados adquirieron medicamentos, algunos que no tienen relación con la atención a pacientes Covid-19, a precios excesivamente caros a los que había en el mercado y sin que el acuerdo fuera tomado en el Subcomité de Adquisiciones.

El consejero Jurídico del Gobierno del Estado indicó que si bien había un decreto que facultaba a las autoridades de Salud de la entidad a la compra de medicamento para atender el tema del Covid-19, ello no los eximía de cumplir con la normatividad vigente.

El exsecretario de Salud, Pérez Rico, y cuatro de sus más cercanos colaboradores en el rubro administrativo han sido denunciados ante la FGR por la probable comisión de ejercicio ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como peculado en al menos ocho casos de adjudicaciones indebidas con acuerdo Covid.

Los otros exfuncionarios de Isesalud denunciados ante la FGR son Carlos N, subdirector General de Administración; Miguel Ángel N, Exjefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; Gerardo Abdiel N, ex Encargado de la Dirección de Administración; y Mikel Roberto N, exdirector de Administración.

El Consejero Jurídico del Gobierno de Baja California que de ser hallados culpables, los exfuncionarios pudieran ser sentenciados penas que oscilan 7, 12 y 17 años de prisión, aunque reconoció que la misma ley establece la posibilidad de que se acojan al beneficio de la reparación del daño.

Adicionalmente estos presuntos ilícitos, Juan José Pon reveló que ha sido denunciado el representante del Banco de Sangre de Tijuana, a quien le señala de no haber entregado 8 millones de pesos producto de la entrega de unidades de sangre a nosocomios privados, a pesar de haber sido cubierto en pago correspondiente.

Esos ocho millones no fueron entregados al Patronato del Hospital General de Tijuana y se desconoce el destino que se le dio a ese recurso, durante el periodo comprendido del 2021 al 2022.