El decreto para catalogar al Tren Maya y otras obras como de seguridad nacional es para protegerlas de amparos de ONGs financiadas por EU, justificó

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión de catalogar al Tren Maya y otras obras de infraestructura en el Sur del país como de seguridad nacional es para protegerlas de los amparos de organizaciones civiles financiadas por Estados Unidos, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Por qué nos preocupa y por qué se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque quienes promueven los amparos contra estas obras reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

El mandatario federal señaló directamente al activista Claudio X. González y a Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación en el mandato de Felipe Calderón como responsables de los amparos.

López Obrador señaló que pese al atractivo turístico y de desarrollo económico que traerá a la región, hay intereses que buscan el beneficio propio y buscan boicotear a su administración.

“Esto lo hemos estado haciendo con mucho esfuerzo y enfrentando a gente irresponsable, sectaria y mafiosa que no quisieran que se hiciera nada porque nada más piensan en ellos

“Por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta, sobre todo los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos en una zona de seguridad nacional e interés público”, dijo.

La Suprema Corte de Justicia de al Nación (SCJN) invalidó ayer la totalidad de un primer decreto que clasificó de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, entre otros.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo a cargo del proyecto, señaló que el acuerdo presidencial es inconstitucional porque su amplitud y ambigüedad obstaculiza e inhibe el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto a las obras del país.

Al respecto, el mandatario federal aseguró que el decreto no tiene como fin negar el acceso a la información sino permitir que éstas se puedan concluir.

Y reiteró: “no, no somos iguales, no somos corruptos engañan a la gente porque son personas inmorales sin escrúpulos. El que se reserve una obra como esta no significa que no se va a informar.. no hay ninguna disposición legal para negar información pero esa es parte de la propaganda en contra”.