CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierte que la reforma a la Ley Minera y administrativa propuestas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son una mala señal para los inversionistas extranjeros.

“El mensaje negativo hacia la inversión se repite en las iniciativas enviadas recientemente por el ejecutivo al Congreso para la modificación de la Ley Minera y de la de diversos cambios a disposiciones en materia administrativa”, afirma el órgano a cargo de Carlos Hurtado López.

Agrega que las iniciativas de cambios a la Ley Minera y a disposiciones en materia administrativa generan incertidumbre e inseguridad jurídica.

Según el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial, la iniciativa de reforma a la Ley Minera genera incertidumbre en las concesiones.

Los cambios a la Ley Minera propuestos por el presidente de la República restringen a terrenos explorados sólo por el gobierno, apunta la institución encargada de elaborar el análisis e investigación de la coyuntura económica.

“Mientras no sean asignados a paraestatales, directamente: Su duración se reduce de 50 años actuales a 15, con la posibilidad de solo una prórroga”, comenta el CEESP.

Recuerda que la reforma a la Ley Minera establece obligaciones y causales de cancelación, de manera desproporcionada y en ocasiones duplicada con las contenidas en otras leyes, manifiesta.

“La iniciativa relativa a disposiciones en materia administrativa, reforma 23 leyes con lo que se amplía la discrecionalidad de la autoridad en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión”, declara el centro líder de investigación del sector privado.

Detalla que la propuesta de López Obrador genera incertidumbre total en los contratos con el gobierno, cuando muchas inversiones dependen crucialmente de ellos.

Esta reforma en materia administrativa amplía los causales de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias cuando se considere que afecten el interés público, general o social, eliminando el carácter extraordinario del juicio de lesividad.

“Ahora solo se requeriría argumentar un perjuicio al Estado o al interés público”, señala el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Añade que la iniciativa propone que los actos administrativos puedan ser declarados nulos de oficio o a petición de parte interesada -lo que no existe actualmente- y se incorporan procedimientos retroactivos de responsabilidad administrativa, civil o penal para los particulares.

“Todos los contratos de adquisición y obras públicas con la Administración Pública Federal deberán incluir la cláusula exorbitante, que la faculta para terminar unilateralmente cualquier contrato de manera anticipada por causa de interés público”.

Podrán revocarse contratos y concesiones, así como dar por concluida la relación jurídica de contratos a nivel nacional o internacional en aras del interés público y sin la obligación de resarcir daños.

Se elimina la disposición de que la expropiación se sujete a lo dispuesto en los tratados internacionales, añade el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el cual pide una mejor actitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los inversionistas potenciales atraídos por el nearshoring.

“Para que el país aproveche plenamente la oportunidad de la relocalización, se deben llevar a cabo políticas públicas que generen las condiciones generales propicias para el florecimiento orgánico de la inversión”.

“Hay que aprovechar la oportunidad para que ésta incluya un valor agregado nacional más elevado que en el pasado y que más proveedores nacionales se integren a las cadenas de suministro de la exportación”, destaca el CEESP.