Una mujer y un hombre, con órdenes de aprehensión activas por el delito de narcomenudeo, fueron detenidos en acciones por separado en los municipios de Mexicali y Tijuana
MEXICALI.- A través de los despliegues operativos, agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvieron por separado en los municipios de Mexicali y Tijuana, a un hombre y una mujer, quienes de acuerdo a la base de datos del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4), cuentan con mandatos judiciales vigentes en Baja California por delitos contra la salud.
La primera acción tuvo lugar sobre el Callejón Jalisco ubicado entre la calle Mérida y calle Progreso, de la colonia Pueblo Nuevo, en la capital del Estado, donde se interceptó a un hombre identificado como Kevin “N” y originario de Mexicali, a quien se le practicó una inspección preventiva, sin encontrarle ilícito alguno entre sus prendas de vestir.
Pero al revisar su estatus dentro de la base de datos, se informó que tiene una orden de aprehensión activa en su contra por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo (posesión de cocaína) con número de NUC: 2-2-2023-01476.
La segunda detención se llevó a cabo en el municipio de Tijuana, cuando se efectuaba un recorrido de prevención en la colonia prioritaria Zona Norte. Ahí fue asegurada Irma Alicia “N”, de 48 años de edad y originaria de Los Mochis, Sinaloa, cuando mostró actitud evasiva y sospechosa ante la presencia de los uniformados.
En el sistema de la base de datos de C-4 se confirmó que esta persona cuenta con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo (posesión del psicotrópico denominado metanfetamina) la cual fue expedida por un juez el día 10 de mayo del año 2022, con número de causa penal: 800/2020 y número NUC: 04-2020-13329.
Tanto a Kevin “N” como a Irma Alicia “N”, se les hizo de conocimiento el motivo de su detención y se les dio lectura a sus derechos constitucionales que les asisten en calidad de detenidos; posteriormente ambas personas fueron puestos a disposición de la autoridad competente en dictaminar su situación jurídica.