CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este Jueves que es parte de la normalidad política que llegó con su gobierno, que la oposición se aliste a impugnar su “plan B” electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A principios de este mes, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Corte una impugnación contra la primera parte del llamado Plan B electoral y aprobada por Morena y sus aliados políticos el PT y PVEM en el Congreso de la Unión.

“Yo diría que el que se aprueben iniciativas en el Poder Legislativo, el que haya reformas a la Constitución y las leyes y se impugnen estas reformas se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso parte de la normalidad política y un verdadero estado de derecho y no como era antes, un ‘estado de chueco’.

“Ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego como esta anunciado van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley y corresponde al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia, entonces no hay nada que sea extralegal, eso es lo que debe de prevalecer siempre y que no existía.

“¿Cuándo la Suprema Corte se oponía a una decisión del presidente? Acuérdense cuando quisieron, en el gobierno de Calderón que se investigara a fondo y castigara a los responsables de la Guardería ABC intervino Calderón, Gobernación y hasta amenazaron al ministro Zaldívar”, dijo.

Ayer, tras una discusión de alrededor de 7 horas, el “Plan B” electoral fue avalado en la Cámara de Senadores con una modificación: la eliminación de la llamada “cláusula de vida eterna”, la cual permitía que los partidos políticos que tuvieran una candidatura común se distribuyeran votos.

Las reformas modifican la integración del INE al desaparecer la estructura permanente subdelegacional y reducir el Servicio Profesional Electoral.

También establecen la reducción de los salarios de los consejeros, quienes ganan más que el mandatario federal, así como la eliminación de fideicomisos y la destitución del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien es cercano al consejero presidente Lorenzo Córdova.

Además, con estos cambios a las leyes secundarias se establece que los partidos podrán conservar el dinero que no se gaste en el año para utilizarlo posteriormente y que no haya multas por padrones irregulares.