CIUDAD DE MÉXICO.- México mantendrá sus relaciones diplomáticas con Perú, aun cuando el gobierno de ese país expulsó al Embajador mexicano Pablo Monroy, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La SRE ha decidido no romper relaciones entre otras cosas porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, trabajan, y que viven en Perú”, expuso el mandatario en su conferencia matutina.

Añadió que ya se nombró a un encargado de la embajada mexicana en ese país y se sigue al pendiente de los acontecimientos en ese país.

López Obrador acusó que el gobierno de Perú es muy cuestionado por optar por la represión y no buscar una salida a su conflicto mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política.

Asimismo, el presidente lamentó que las autoridades peruanas no reaccionaron con los representantes estadounidenses como lo hicieron con el Embajador mexicano.

“La Embajadora de Estados Unidos intervino de manera a directa, fue a Palacio a ver a la presidenta que nombró el Congreso, y nosotros solo damos a conocer en esta mañanera nuestra postura, y vamos a defender siempre el derecho de asilo, es parte de nuestra política exterior”, comentó.

Buscan terminar expulsiones de extranjeros en México

El presidente López Obrador dijo que tras la declaración al Embajador mexicano en Perú como persona non grata, se tomaron ya medidas en el país.

Así, expuso que se reglamentará el artículo 33 de la Constitución, de forma que se limiten las expulsiones.

Dicho artículo ha sido invocado en las últimas décadas cuando el gobierno mexicano quería expulsar a algún extranjero, ya que la Carta Magna les impide inmiscuirse en la política local.

Al participar en la conferencia en Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que se buscará que el Instituto Nacional de Migración no pueda ser usado para expulsar a alguien vía fast track, sino que se establecerá un procedimiento jurídico que garantice a los extranjeros el derecho a la previa audiencia.