TIJUANA.- En función de las metas de recaudación que se ha planteado el gobierno federal para el próximo año, los contribuyentes pueden esperar un mayor número de auditorías y un recrudecimiento de la fiscalización en general, por lo que deben estar preparados.

Lo anterior lo señaló Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien estuvo como ponente invitado en el foro titulado “Cierre del ejercicio y actualización fiscal empresarial”, organizado por el Club Campestre de Tijuana, en conjunto con Hone Maxwell LLP, y ASA Defensa y Estrategia Fiscal.

“El objetivo fue abordar los puntos fiscales más importantes para el ejercicio 2023, donde se está analizando cómo proteger el patrimonio ante una auditoría, así como aspectos fundamentales que se van a revisar”, anotó.

El abogado fiscalista indicó que aún cuando no se pretende aumentar impuestos para el próximo año, el gobierno federal busca incrementar la recaudación en un 10%, lo que significa miles de millones de pesos.

“Esta consigna se traduce en que se van a practicar muchas más auditorías, sobre todo a quienes compren o vendan facturas, ahí se enfocarán la mayoría de los esfuerzos que realizará el SAT (Servicio de Administración Tributaria)”, advirtió.

En ese tenor, Pickett Corona explicó que dichas auditorías se realizarán mediante revisiones de gabinete, revisiones electrónicas o visitas domiciliarias.

“Algo que no te dice el SAT es que si un contribuyente es auditado, tiene la posibilidad de defenderse a través del recurso de revocación, la demanda de nulidad y, en su caso, el amparo”, precisó.

Y es que la consecuencia de comprar una factura apócrifa, dijo, es la no deducibilidad, el no acreditamiento y hasta la cárcel, lo cual se puede detectar con el esquema del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, para identificar qué facturas no son reales.

“La compra de facturas es el tema que más se ha escuchado y el que más ha mencionado el SAT, ya que lo usual es que se utilicen empresas fantasma, sin trabajadores, sin infraestructura, para vender una factura donde el contribuyente hace el gasto y luego se lo regresan en efectivo, no paga el IVA, entonces el SAT verifica que se trata de una operación simulada, la cual es rechazada”, detalló.

Esto puede conllevar años de prisión, reiteró el abogado fiscalista, por lo que es importante que los contribuyentes pongan atención a este tema, ya que la fiscalización se va a recrudecer todavía más para el 2023.