En Baja California se trabaja para que los centros penitenciarios no vuelvan a ser nunca más escuelas de la delincuencia, afirman autoridades
TIJUANA.- Con el recorrido por el Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA) de Tijuana concluyó la visita oficial del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los centros penitenciarios de Baja California, encabezada por la directora general de Supervisión Penitenciaria, Montserrat Rizo Rodríguez.
La comisionada estatal del Sistema Penitenciario, Ma. Elena Andrade Ramírez, señaló que la instrucción de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ha sido que los centros penitenciarios no vuelvan a ser nunca más escuelas de la delincuencia.
“Hemos puesto especial atención en cumplir los ejes de la reinserción social de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el pleno respeto a los derechos humanos de los privados de la libertad”, puntualizó.
Precisó que se trabaja con las secretarías de Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social, Cultura, Inclusión y Equidad de Género, Economía e Innovación, y con el Instituto del Deporte y la Cultura Física (INDE), en una coordinación interinstitucional sin precedentes con la instrucción de dignificar la vida de quienes están en condiciones de reclusión en el Sistema Penitenciario de Baja California.
La funcionaria estatal enfatizó que tras el abandono en que se encontraban los centros penitenciarios, que motivó recomendaciones a la administración anterior tanto de la CNDH como de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), ahora se puede constatar el trabajo responsable y serio que se está realizando en el Sistema Penitenciario de Baja California.
La visita inició el pasado lunes 4 de Julio en el Centro Penitenciario El Hongo, y se está a la espera de la opinión de la CNDH por los cambios implementados que dignifican la calidad de vida de las personas privadas de la libertad.
Andrade Ramírez agradeció formalmente la coordinación, acompañamiento y corresponsabilidad en el respeto de los derechos humanos de los privados de la libertad.